La Corte Suprema de Justicia reiteró que el poder constituyente derivado, ejercido por una convención reformadora, "es esencialmente limitado", razón por la que debe ajustarse a los estrictos márgenes impuestos por la norma que habilitó la reforma de la Carta Magna; en este caso, la Ley 7.469.

Esto concluyó el alto tribunal el 3 de agosto de 2009, ocasión en la que de oficio, sin que mediara pedido de parte, en tres causas, declaró la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 80 de la Constitución (introducido por la reforma de 2006), en la medida en que este otorgaba a la propia Corte competencia originaria y exclusiva para entender en la revisión judicial de los actos administrativos ejecutados de conformidad y con la aprobación del Tribunal de Cuentas.

"Si esta norma preconstituyente (la Ley 7.469) hubiese querido la modificación de la asignación de la competencia de esta Corte por vía de reforma constitucional, así lo habría posibilitado, habilitando para ello las facultades del constituyente". Esto argumentaron los vocales Antonio Gandur, René Goane, Alberto Brito, Daniel Estofán y Claudia Sbdar, quienes, como consecuencia, derivaron las causas a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para que esta -y no la Corte- entendiera en la revisión de actos respecto de los cuales había intervenido el Tribunal de Cuentas.