“Estas tierras son del Instituto de Colonización y tienen una familia que la ocupa desde hace 10 años. El Instituto le dio un permiso de ocupación a esa familia. A su vez hay un tercer actor que dice haber adquirido esas tierras de un modo ilegal, a través de una transacción nula”, explicó para dar cuenta de la particular situación. De modo enfático marcó que el tercero interviniente firmó un convenio de tras paso de las tierras “con una persona que no tenía derecho sobre las mismas porque son de la provincia del Chaco, del Instituto de Colonización y forman parte del erario público”. Luego ocurrió que a partir de esa transacción nula un fiscal de Charata pide el desalojo de una familia “siendo que el dueño, el titular dominial, que es el gobierno, el Instituto de Colonización, le dio un permiso de ocupación para que esté en el lugar. Es un caso insólito”. ¿Un caso testigo? Pedrini alertó que este “es un caso no previsto por la legislación para acceder a la titularidad de bienes del Estado” y remarcó que “es muy grave que el Poder Judicial decida sobre bienes que de acuerdo a la Constitución le corresponde administrar al Poder Ejecutivo”. “Así se estaría generando algo contra la ley, porque se echa a alguien que ocupa un inmueble con la anuencia del dueño, en este caso del Estado sino que se estaría generando el acceso a una nueva forma de acceso a la tierra pública en el Chaco”, añadió. El funcionario indicó que “se trata de un campo sojero de un costo de varios miles de dólares, de un campo muy bien cotizado en Charata. Estamos hablando de un campo de 4.000 a 5.000 dólares la hectárea”. Ofensiva salarial de magistrados En el Poder Ejecutivo ven con sorpresa el planteo judicial de un grupo de magistrados porque hace poco tiempo todo el Poder Judicial acordó la política salarial. Hubo muchas discusiones con los sindicatos, la asociación de magistrados y funcionarios, el Superior Tribunal y se dictó una ley que establecía determinados aumentos “con la conformidad de todos”. “Ahora nos encontramos que tras ese acuerdo un gran número de demandas propiciando la inconstitucionalidad del artículo 154 de la Constitución Provincial, que dice que los sueldos, la retribución, de los magistrados va a ser establecida por ley”, remarcó. El ministro de Gobierno opinó que “esto de que los jueces digan que es inconstitucional la Constitución es algo insólito y con el mayor de los respeto digo que a la Constitución la tenemos que cumplir, empezando por los jueces” y que en todo caso “si quieren quedar al margen de la Constitución deberían proponer que se la reforme”. “Creo que los legisladores no tendrían inconveniente para que sea el Poder Judicial el que asigne esa responsabilidad. Hasta ahora los poderes Ejecutivo y Legislativo por ley de Presupuesto tienen derecho a sus recursos y se las arreglan pero siempre tenemos una mayor demanda de recursos ampliación de partidas permanentes por parte del Poder Judicial”, añadió. Pedrini reconoció que los haberes de los magistrados chaqueños es uno de los más bajos del país en el ante último lugar - y que el de los empleados en el noveno. Por eso señaló “tenemos un inconveniente muy serio que no creemos que se resuelva declarando inconstitucional la Constitución”. “Ya el Poder Judicial del Chaco se tomó una licencia suprema en esto de no respetar la Constitución al nombrar a tres jueces del Superior Tribunal de Justicia, nada menos, al margen de lo que establece la Constitución que es el concurso de oposición y antecedentes”, remarcó A la vez que señaló que la disidencia sobre el texto constitucional, por motivos salariales, debe llevar a los magistrados “a pedir la reforma constitucional o se pueden presentar a elecciones y plantear a la ciudadanía para decir porque deben ganar más o que su retribución va a ser la única que en el Estado provincial no va a estar regida por una ley”.