"Vamos a resolver los problemas de la gente", "Vamos a defender el salario de los trabajadores", "Vamos a bajar los impuestos y subir los sueldos". ¿Quién no escuchó estas promesas antes de una elección? (Incluso, después de veinte años ocupando una banca).

El desafío para los candidatos es hoy cambiar el chip, dejar de lado las obviedades y empezar a sincerar la realidad -la realidad, sin fantasía-, suspender la búsqueda de culpables en el pasado, en Buenos Aires y en la vereda de enfrente, y decir qué se puede hacer; incluso, admitir que no hay soluciones milagrosas a la vista.

El país tiene un problema de manta corta: los impuestos son agobiantes, por lo que frenan la inversión y, en consecuencia, el crecimiento; el gasto público es mayor que el ingreso y la ciudadanía tiene cada vez más necesidades insatisfechas.

La ecuación no es nada fácil de resolver, pero los candidatos a diputados nacionales deberían exponer su diagnóstico, sus propuestas de solución y la estrategia de alianzas que imaginan.

Salta y sus cuentas

Salta tiene malas ecuaciones. Cuenta con el 3% de la población nacional, pero aporta poco más del 1% al PBI del país.

Según datos oficiales, registra unos 92 mil empleados provinciales y cerca de 30 mil municipales. En el sector público, cerca del doble de esa cifra.

El 50% de los ingresos se destinan a salarios y el presupuesto, del 75%, depende de la coparticipación. Está muy atrasado en obras de infraestructura y en todas las áreas de desarrollo estratégico se nota una tendencia negativa. Los hidrocarburos salteños sufrieron el durísimo golpe de la crisis gasífera iniciada en 2003; el campo lleva una década de estancamiento, la minería promete mucho pero se demora y el turismo, claramente, padece los embates de la competencia de Jujuy y Tucumán.

Los tres diputados salteños que lleguen al Congreso este año tendrían que decir qué piensan proponer; eso sí, con discursos originales, es decir, técnicamente sustentables.

El fondo del conurbano

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reclama que le actualicen el Fondo de Conurbano. El final es previsible: discursos en defensa del federalismo, la Corte Suprema que le da la razón (después de octubre) y el presidente Macri que termina acordando una solución con las provincias, que bien puede ser el impuesto al cheque. Hace unos días, el economista Nadín Argañaraz explicó en una entrevista a El Tribuno: "Los gobernadores obviamente no están dispuestos a ceder un 9% de la coparticipación. De coparticiparse plenamente el impuesto al cheque, las provincias lograrían lo mismo que resignarían, pero el riesgo es que así disminuye la probabilidad de bajar la presión tributaria".

La historia es larga. La Constitución establece que la Nación "proveerá sus gastos con los impuestos de Aduana y la renta de Correo". La realidad es que se queda con la mayor parte de los impuestos: hasta 2015, el 75% de la recaudación. El país es unitario y la estructura fiscal, un descalabro.

En 1995, para salvar a la provincia de Buenos Aires, se creó el Fondo de Conurbano Bonaerense: un 10% de la recaudación bruta del impuesto a las ganancias, pero se limitó la partida asignada a Buenos Aires a 650 millones de pesos/ dólares. El resto de los recursos se repartirían entre el resto de las provincias. En 2002, los 650 millones quedaron pesos. Las provincias siguieron cobrando lo suyo y Buenos Aires con menos del 2% del Fondo, que será de $53.000 millones en 2017.

El tema del gasto, los recursos y la coparticipación, otra vez al rojo vivo.

El interrogante que se abre, entonces, es si se avanzará en una reforma tributaria o si todo seguirá como hasta ahora.