La actividad minera, al cabo de los años, produjo una división entre los ciudadanos de nuestra favor, entre los que están a favor de su desarrollo, en el convencimiento de que puede convertirse en una oportunidad de desarrollo, y entre los que la combaten, porque aseguran que los perjuicios ambientales que ocasiona son mayores aun que los beneficios que puede traer aparejada la actividad.

En otras comunidades, la actividad minera, como se implementa en nuestra provincia, directamente fue prohibida; las legislaturas de las provincias de Córdoba, Mendoza, por citar los ejemplos más notorios, prohibieron en sus territorios la minería que utiliza cianuro en sus procesos. Aquí, como en otras provincias, se la aceptó perfectamente.

El dilema social que plantea la actividad o sus consecuencias mejor dicho, podría resolverse democráticamente, como se hizo en comunidades cuyos gobiernos están atentos a los problemas complejos; pero en nuestra provincia, el gobierno del FCS nunca aceptó siquiera considerar la posibilidad de convocar a un plebiscito.

Son posturas diferentes, legitimas en cierto modo, pero cuando las manifestaciones pueden convertirse en oportunidades para que los ánimos más exaltados se desboquen, como ya pasó en Andalgala, quizás convenga considerar de resolver democráticamente el conflicto; por cierto que es difícil, sobre todo en una provincia donde sus gobernantes no promueven los acuerdos de ningun tipo.