El proyecto propone que a partir de ahora las mismas deberán ser realizadas ante la Fiscalía de Estado y a la vez extender de tres a cinco días hábiles el plazo con el que cuenta la Provincia para contestar las demandas.

"Actualmente esto no es así y el proceso lleva varios días hasta que llega la notificación de la demanda ante la Fiscalía de Estado. Se consumen muchos días que le dificultan al Estado poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa de sus intereses", señaló Brizuela.

El secretario General y Legal de la Gobernación aseguró que con la actual normativa "la Fiscalía de Estado se encuentra ante una exigüidad de plazos que la coloca en una situación de desigualdad". "No podemos tratar al Estado como a un particular. Hoy en un caso de acción de amparo el Estado tiene que poner en marcha todo un mecanismo burocrático para poder dar respuesta a ese pedido de informes que hace la Justicia y muchas veces los tres días que establece la norma procesal resultan muy exiguos y casi violatorios del derecho de defensa. Pasar de tres a cinco días hábiles es una extensión del plazo muy razonable", consideró.

Por último, Brizuela se mostró optimista respecto del tratamiento que la Cámara de Diputados le dará al proyecto y se esperanzó en que las modificaciones sean aprobadas. "Descontamos el acompañamiento de la Legislatura por el tema de que se trata. Además el proyecto está sujeto a cualquier enriquecimiento que quieran introducirle los diputados", concluyó.