"Si no te vas, vas a aparecer en un cajón", "Nadie quiere que estén acá" y "Nosotros no somos como la policía de la provincia" son algunas de las frases que los agentes de Prefectura les habrían dicho a los limpiavidrios y cuidacoches de la Plaza Rivadavia el mes pasado, según consta en una resolución judicial.

Días atrás, desde la audiencia con la jueza Gilda Stemphelet, los trabajadores de la calle volvieron a sus puestos. Es que se presentó en su momento, tal como lo anticipó "La Nueva Provincia", un hábeas corpus por parte de la Defensoría General ya que no existiría ningún tipo de norma legal para exigirles que se vayan.

Stemphelet evaluó que los prefectos "persiguieron y hostigaron" a las siete personas que trabajan en la zona de la plaza.

"Resuelvo ordenar a la Prefectura Naval Argentina el inmediato cese de todo acto de persecución y hostigamiento en relación a las personas que realizan tareas de cuidado de motos y vehículos y limpiado de vidrios en la ciudad por entender que ello resulta ser una amenaza actual e inminente a la libertad personal ambulatoria y laboral de los recurrentes", dice el fallo.

En él, se advierte que la resolución no los deja "con las manos atadas". Stemphelet aclaró que "de ningún modo" impide, tanto a fuerzas policiales como de Prefectura, la actuación ante alguna contravención o delito.

El 13 de septiembre, los efectivos de la fuerza naval, quienes se sumaron recientemente a las tareas de seguridad urbana por decisión del gobierno nacional, decidieron echar a trapitos y cuidacoches argumentando que no tenían una habilitación para ejercer la actividad.

En ese momento, los uniformados consultaron al municipio si existía dicha normativa y ante la negativa decidieron proceder. Buscando respuestas en la comuna y en el Concejo Deliberante, a esas siete personas se les habría prometido trabajo, lo cual, según aseguran ellos mismos, nunca se concretó.

"Como esta respuesta no les solucionaba el problema, ya que viven y alimentan a su familia con los ingresos que perciben en la calle, decidieron volver", explicó la magistrada en su fallo.

Fue entonces que, al regresar, terminaron siendo desalojados nuevamente, pero con presuntas amenazas e incluso detenciones.

En ese entonces, el municipio se excusó diciendo que no habían dado ninguna orden para sacarlos y Prefectura sostenía que lo habían hecho porque mucha gente se quejaba de su presencia.

El mismo intendente Gustavo Bevilacqua aseguró que no se emitió ninguna indicación respecto del desarrollo de la actividad.

Luego de esa disyuntiva entre funcionarios y prefectos, la Defensoría General, a cargo de la doctora Graciela Cortázar, decidió presentar un hábeas corpus al entender que estaban en riesgo los derechos constitucionales de los siete trabajadores.

"Nadie puede prohibir la libre circulación por la calle a estas personas", sostuvo Cortázar minutos antes de ir a la audiencia con la jueza y los siete damnificados.

Para Stemphelet, los prefectos actuaron en contra del principio de libertad que indica que lo que no está expresamente prohibido, está permitido.

"Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe", indicó.

Quiénes son

Luego de la audiencia con la jueza, efectuada días atrás, regresaron a sus anteriores ocupaciones en la Plaza Rivadavia Gonzalo Valdez, Gisela Padin, Cristian Quinteros, Gómez da Silva, Oscar Pérez, Gerardo Zuniega y Jorge Rognoni. Desde ese entonces, los prefectos no volvieron a intervenir.