Y aseveró: “En caso de que la Corte se expida a nuestro favor como creemos, esto va a terminar con un tremendo juicio por daños y perjuicios que van a tener que pagar, como siempre, los contribuyentes”.

Según se informó en los últimos días desde el Municipio de General Pueyrredon, la apertura de sobres para el llamado a licitación para la explotación de los balnearios pertenecientes al Complejo Playa Grande comenzará, de manera escalonada, el próximo 28 de octubre, mientras que entre esa fecha y hasta el 4 de noviembre se darán a conocer las ofertas.

Cabe recordar que el proyecto contempla la construcción de un espacio cultural, la conformación de un consorcio que haga inversiones en ese sector, la preservación de la arquitectura del lugar y de los espacios de playa, además de la creación de una nueva unidad turística fiscal sobre la escollera Norte.

Sin embargo, el Dr. Alberto Morteo, representante legal de los consecionarios de las UTF 4a, 7 y 8, que se niegan a abandonar el espacio por considerar que aún sigue en vigencia el contrato asumido con la Comuna para el uso de esos espacios; insistió este miércoles en que “no se puede licitar algo que está en litigio”.

En declaraciones a 0223.com.ar, el letrado indicó que “meses atrás se solicitó la restitución de tenencia del balneario 4a, Leopolo SA, pedido que está en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en virtud del efecto suspensivo con que la Cámara concedió el recurso extraordinario”.

“Si la Cámara, siguiendo el criterio del efecto suspensivo, decreta la restitución de tenencia, obviamente le deberán devolver a Leopolo SA el balneario 4a y se repetiría esta situación con los otras dos UTF, la 7 y 8”, analizó.

En ese orden, remarcó que “los expedientes a través de los que pedimos la restitución de los balnearios se encuentran en la Corte para decidir”, tras lo cual advirtió: “Mientras el municipio avanza en el llamado a licitación, pero, en caso de que la Corte se expida a nuestro favor como creemos, esto va a terminar con un tremendo juicio por daños y perjuicios que van a tener que pagar, como siempre, los contribuyentes”. “Lógicamente, una vez que se llamó a licitación, va a tener dos daños y perjuicios: el del que ganó y el nuestro”, aseguró.

“Uno no puede llamar a licitación por algo que está en litigio porque uno no tiene la disponibilidad pacífica; es como uno vendiera una casa que está ocupada y sobre la cual no tiene la posesión”, comparó por último