Finalmente, las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) expresaron que esa casa de estudios contribuirá con $ 21.000 para que puedan llevarse adelante una serie de pericias relacionadas con una importante causa. Se trata de la investigación en marcha por el supuesto impacto que genera el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Pacará Pintado a 100 metros del río Salí.

Para poder avanzar, Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, considera imprescindible una serie de análisis sobre muestras de agua, de suelo y de sedimentos que tres peritos de la UNT (Diego Sebastián Fernández, María Elena Puchulu y Sergio Miguel Georgieff) han presupuestado en $ 48.500.

Como consecuencia, por medio de tres oficios (librados en mayo, junio y agosto), Racedo había solicitado al rector de la UNT, Juan Cerisola, que informara qué tipo de colaboración puede prestar la casa de estudios, considerando las obligaciones que, en materia ambiental, les impone la Ley de Educación Superior a las universidades.

Ayer, el director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, respondió que la UNT pone a disposición $ 21.000: $ 18.000 en concepto de ayuda económica para los peritos y $ 3.000 para la compra de materiales.

Como el Juzgado Federal Nº 2 ya tiene asegurada casi la mitad de la suma que requiere, Racedo ahora le solicitará al secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, una colaboración de $ 26.1000 para que se puedan extraer las muestras de aguas (superficiales y subterráneas) y $ 1.400 para los análisis de suelo y sedimento, de acuerdo con los montos presupuestados por los peritos.

La investigación tiene por fin determinar si la planta que funciona en Pacará Pintado dispone de las instalaciones y controles necesarios para evitar el derrame de líquidos contaminados a las aguas del Salí.