Se hicieron cuatro movimientos de transferencia de dinero y desaparecieron unos 300 mil pesos. Sería lo recaudado durante los dos últimos días de octubre. Hace tres años ocurrió un fraude de más de un millón
La denuncia fue radicada en la sede del fuero Penal platense y la causa fue comunicada al fiscal de Autores Ignorados, Fernando Cartasegna, y a su par en turno, al momento que se descubrió el faltante de dinero, Juan Cruz Condomí Alcorta. Este último magistrado decidió pasar las actuaciones a la UFI de Delitos Complejos.
Un funcionario del Hipódromo explicó que “al realizar el arqueo, se detectaron transferencias bancarias apócrifas, no autorizadas bajo ningún concepto por las autoridades de este circo hípico”.
La presentación fue realizada por el tesorero del Hipódromo, Ángel Savegnano, quien denunció que “el día 30 y 31 de octubre hubo cuatro movimientos que no coinciden con los registros contables obrantes en la tesorería de dicho circo hípico”, según se detalla en un comunicado oficial.
“Ante esta situación, el Presidente del Instituto, Jorge Rodríguez ordenó una instrucción sumaria a fin de deslindar responsabilidades y encomendó a las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires la preservación de las pruebas documentales y fílmicas para ser entregadas a la justicia”, se informa en el parte oficial.
Los pesquisas comenzaron a planificar la investigación. Entre las medidas a tomar incluyeron citar a declarar a empleados y directivos y analizar las cámaras de seguridad de las oficinas.
La demora en la definición acerca de qué fiscal se hacía cargo de la investigación seguramente jugará a favor de los delincuentes.
El otro caso
Un hecho similar se produjo hace tres años y por ese caso fue procesado el ex empleado Diego Martín Miranda. El fiscal de Delitos Complejos, Jorge Paolini dio por probado que entre el 1 y 27 de septiembre de 2010, al menos una persona, funcionario público que se desempeñaba como tesorero, sustrajo $1.130.744,92” que se encontraban bajo su custodia.
Esa causa ya fue elevada a juicio por el juez de garantías Federico Guillermo Atencio, con el tesorero Diego Miranda como único imputado.
En su elevación a debate oral, el juez Atencio recomendó a la fiscalía a investigar a otros funcionarios de Loterías y Casinos.
Paolini aseveró que el imputado Miranda sería autor del delito de “malversación de caudales públicos”, en la figura especial conocida como “peculado”.
Ese ilícito, establece penas de 2 a 10 años de prisión al funcionario público que “sustrajere caudales o efectos cuya administración le haya sido confiada por razón de su cargo” y lo “empleare en provecho propio o de un tercero”.
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