Cansado de esperar una respuesta, el concejal capitalino José Luis Avignone recurrió a la Justicia. El radical dedujo un amparo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo a partir de la mora en la que, según él, se encuentra la Defensoría del Pueblo con respecto a un planteo que realizó ante esa institución en septiembre de 2010.

El edil había pedido que el ombudsman interviniera con una actuación, o bien que instará a los poderes públicos, "para que se otorgue en los hechos la autonomía política, administrativa, financiera e institucional a los municipios", que se encuentra consagrada en la Constitución de 2006.

El opositor consignó que debido a la "demora injustificada" de más de tres meses en la resolución de su pedido, se encuentra legitimado para iniciar una actuación judicial.

Precisamente, el representante vecinal cuestiona que la normativa constitucional aún no haya sido reglamentada por el poder político. "El artículo 132 de la Carta Magna expresa que la autonomía municipal debía ser aprobada antes de que se terminara el segundo período de sesiones ordinarias de 2007 de la Legislatura", reclamó.

Según Avignone, el incumplimiento parlamentario impide la elección de convencionales municipales que elaboren y dicten las cartas orgánicas de cada ciudad.

Cuando el edil hizo la presentación, el ombudsman era Jorge García Mena. Luego, reiteró su pedido en tres ocasiones al actual defensor, Daniel Posse.