Financiándolas con plusvalías de dos convenios urbanísticos, la gestión radical quiere construir 120 casas en un sector adyacente a Barrio Ituzaingó. Sería en varios años.
Por Florencia Ripoll
Que uno aporte los terrenos para construir viviendas sociales, y el otro los fondos para construirlas. Eso busca la Municipalidad en relación a dos convenios urbanísticos que se discuten en el Concejo Deliberante por estos días, y que dividen aguas: captan apoyo de la UCR y duras críticas de bloques opositores.
Se trata de los dos primeros en su tipo que envía la gestión Mestre al Concejo, luego de sancionada la ordenanza que regula esta clase de negociaciones donde el Estado otorga excepciones constructivas a los desarrollistas y, a cambio, cobra a ellos parte del beneficio extra que les genera con esa excepción (por ejemplo, levantar más altura a la permitida).
Los acuerdos son con la firma de Sergio Roggio, que pretende levantar seis torres de 90 metros en un lote frente al Parque Las Heras; y con Marcelo Fleurquin, promotor de un loteo en barrio Ituzaingó. En el primer caso, la excepción que se pide a la comuna es autorizar esa altura, mientras que la desarrollista pagaría un beneficio de 23 millones de pesos al Estado. En el segundo, lo que requiere el loteo es un cambio de uso del suelo, ya que el emprendimiento fue lanzado de manera ilegal en tierra no apta para construir vivienda (con tipología de uso rural). En este caso, la comuna se haría de 120 lotes, el 17 por ciento del total.
El secretario de Desarrollo Urbano, Mariano de Juan, señaló que el plan municipal es usar esos terrenos para construir viviendas sociales, edificándolas en principio con los fondos que aporte el convenio con Roggio. Si bien los dos acuerdos recién están en discusión, y hasta ahora generan nutridas críticas opositoras, cierto es que la UCR tiene votos propios para aprobarlos antes de que termine el período de sesiones extraordinarias, el 15 de enero.
“Hay que tener en cuenta que el proyecto de Roggio está pensado en seis etapas, que llevarían hasta seis años. Y el convenio urbanístico se va ejecutando en paralelo. Por eso, en el primer año, la desarrollista pagaría unos 4 millones de pesos del total del beneficio al municipio. Con eso haríamos unas 20 casas, y seguiríamos así, por etapas”, anticipó el funcionario. A medida que avanzaran las obras y los pagos, la comuna se irían avanzando en el plan de casas.
De Juan aclaró que en esta fase del plan no hay aún definiciones sobre quienes serían beneficiarios de esas unidades. “Este es un tema muy sensible y no hay que generar expectativa desmedida. En su momento se trabajará en eso”, advirtió. A eso apunta también la explicación sobre los plazos que se manejan.
Contaminación. Los dos convenios urbanísticos en cuestión vienen levantando polvareda en el Concejo Deliberante, donde llevan dos semanas de debate en comisión. “Ambos proyectos ofrecen muchas dudas y documentación faltante como consecuencia de la decisión del oficialismo de tratarlos a las apuradas”, disparó Esteban Dómina (Frente Cívico). Respecto del proyecto de Roggio, se demanda mayor información sobre el impacto en materia de tránsito y exigencia de infraestructura para la zona.
En tanto, al loteo de Fleurquin se lo cuestionó por su legalidad. El bloque Eva Duarte puso en duda la condición “moral” del impulsor y apuntó que sobre los lotes pesa una hipoteca. Desde el municipio señalaron que la hipoteca existe, pero que deberá ser levantada a la hora de pedir aprobación para proceder con el loteo. Y reconocieron que lo que se busca es legalizar la situación del inmueble porque ya está habitado por al menos 42 familias y evitar otro caso “Nuestro Hogar 3”. Otro reparo fuerte es el temor por la existencia de contaminación en el lugar (contiguo a Ituzaingó). Al respecto, el municipio prometió entregar a los ediles un informe de la situación ambiental del área.
Acuerdos
23 millones. De pesos. Es el aporte al municipio que debería pagar Roggio para obtener permiso para levantar seis torres de 90 metros frente al Parque Las Heras.
120 lotes. Se “cobraría” el municipio al cambiar el uso del suelo y, con eso, legalizar un loteo irregular en la zona de Ituzaingó. La tipología de la zona es de uso rural e industrial.
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