Las máximas autoridades policiales avanzaron en la última semana con el análisis de la Ley Orgánica que regulará el funcionamiento pleno de la fuerza provincial. El jefe de la Policía, Ariel Gallinger se reunió con la Plana Mayor de la fuerza, presidida por el comisario General, Roberto Stupniki, a fin de presentarle el borrador del proyecto para la modificación de la actual norma.

Los jefes Juan Oscar Martínez, Miguel Angel Corradini, Daniel Roberto Jara y Diego García, secretario de Planeamiento, debatieron sobre los puntos a modificar.

Serán ellos los encargados de transmitir luego la idea del proyecto a los responsables de las Unidades Regionales de toda la provincia para que puedan realizar aportes.

La modificación de la ley orgánica se sostiene sobre los ejes fundamentales referidos a la función preventiva y de investigación del delito, la carrera por profesionalización y especialización y la reorganización administrativa de la Fuerza.

El proyecto que se evalúa "sintetiza el deseo de lograr la reestructuración de la Policía de la Provincia de Río Negro, en una fuerza democrática, integrada a la sociedad, profesionalizada y garante del respeto de los Derechos Humanos para todos los rionegrinos".

Además, en la norma se pretende "fijar criterios básicos de actuación, en los cuales se especifica la conducta del personal perteneciente a la Policía, haciendo hincapié en el respeto a los derechos humanos y a la comunidad, especial atención al uso de la fuerza física y armamento".

También se precisa en forma específica los pasos a seguir de manera inexcusable en caso de contacto del personal policial con niños, niñas y adolescentes y elimina la posibilidad de existencia de "Obediencia debida" en cualquiera de las formas y situaciones que se puedan presentar.

Incorpora nuevos institutos como la Dirección General de Control Policial que tendrá a su cargo la Auditoría interna de la Policía y el Defensor Policial que garantizará el debido proceso en el transcurso de las actuaciones disciplinarias de los agentes y su representación ante autoridades en la defensa de sus derechos.

En uno de sus artículos, el proyecto que se debate determina que la Policía "deberá adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas, así como también al principio de gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza".