Plan de Scioli para garantizar tierra y vivienda a familias

El Gobierno bonaerense elevará en los próximos días a la Legislatura local una ambiciosa iniciativa que busca ayudar a unas 800 mil familias de sectores populares
El Gobierno bonaerense elevará en los próximos días a la Legislatura local una ambiciosa iniciativa que busca garantizar tierras y viviendas dignas a unas 800 mil familias de sectores populares de la Provincia.

El proyecto elaborado por la ministra de Infraestructura provincial, Cristina lvarez Rodríguez.

La iniciativa que contempla seis herramientas distintas busca complementar acciones del sector público y privado.

Según se informó, las herramientas operativas que se incluyen en el proyecto involucran la ejecución de planes de urbanizaciones sociales planificadas (lotes con servicios), de villas, asentamientos y de promoción de procesos de organización colectiva de esfuerzo propio.

También contempla programas de ayuda mutua y autogestión del hábitat a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro.

Además, la ley posibilitará la instrumentación de un sistema de microcréditos para la mejorar las viviendas de sectores populares, que representan cerca del 60 por ciento del déficit provincial, de acuerdo con un comunicado oficial.

Se establecerán asimismo zonas, reservas y cesiones de suelo destinadas a los programas de hábitat.

En este contexto, se destaca la obligatoriedad de la cesión de suelo con ese destino en los casos de toda urbanización privada (club de campos, barrios cerrados) y de grandes superficies comerciales de manera de iniciar una política de redistribución social hacia los grupos más vulnerables.

Se propone también aumentar la carga impositiva a propietarios de terrenos baldíos para evitar la especulación del suelo.

El plan comenzará en los próximos meses con la entrega de dos mil lotes con servicios de agua, energía eléctrica y cloacas en dos distritos del conurbano bonaerense para que los nuevos dueños construyan sus viviendas.

La norma permitirá al Instituto de la Vivienda bonaerense la expropiación de inmuebles destinados a programas de vivienda social y creará dispositivos que aseguren la participación de los ciudadanos y de las entidades en estos temas.

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