El gobernador busca estirar los plazos para renegociar pasivos con Nación. Pidió la intervención de la Legislatura.
Neuquén > El gobernador Jorge Sapag pidió una prórroga para acceder al programa de desendeudamiento de Nación, cuyo plazo de presentación venció ayer y que permitiría a la provincia renegociar 1.900 millones de pesos de su deuda y evitar el pago de 110 millones este semestre.
Además, solicitó a los diputados provinciales que traten el acceso de la provincia a este plan, que pone como requisito la solución de todos los litigios judiciales que los distritos tienen con Nación, un tema que por estos días impide el acceso de Neuquén al mismo.
Según se informó, la Casa Rosada pide que se den de baja cinco juicios iniciados por la provincia por regalías mal liquidadas y coparticipación federal de impuestos. Si bien los montos se están analizando, serían superiores a la deuda a renegociar aunque están bajo trámite de la Corte Suprema de Justicia, sin plazo específico y con un horizonte de incertidumbre.
Se trata, en todos los casos, de procesos iniciados en anteriores administraciones, la mayoría de ellos por el ex gobernador Jorge Sobisch.
Esfuerzo
A través de un comunicado oficial, el Gobierno afirmó que “Neuquén hace un gran esfuerzo por la República y sus más de 40 millones de habitantes, aportando el 25 por ciento del petróleo, el 50 por ciento del gas y el 25 por ciento de la energía hidroeléctrica”. “Por este esfuerzo, Neuquén se considera con el mismo derecho de ser parte de este Programa, en un pie de igualdad con las provincias que ya lo firmaron”, agrega la declaración.
El pedido se realizó por la vía formal al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y será presentado eventualmente ante la Legislatura provincial para que delibere sobre el tema. A su vez, Sapag afirmó que cree conveniente que los diputados ratifiquen por ley el convenio si llega a haber un acuerdo con Nación.
La medida de desendeudamiento lanzada por la presidenta Cristina Kirchner el pasado 10 de mayo implica un plazo de gracia de un año y medio en el cual las provincias no pagarán amortizaciones de capital ni intereses. Luego, cancelarán sus obligaciones en un plazo de 20 años, a una tasa de interés del 6% anual en pesos.




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