Los legisladores aprobarán en la sesión de mañana el proyecto de ley que cede a la Nación la jurisdicción y el dominio sobre inmuebles de los ex lotes fiscales 32 y 33 del departamento de Anta, que en 2004 el gobierno de Juan Carlos Romero desafectó como área protegida y comenzó a lotear.

En la zona -después que en 2006 el mismo Romero firmó un acuerdo con Parque Nacionales por presión de organizaciones ambientalistas- la Nación ya había comprado inmuebles para la reserva, pero según el proyecto de ley, esos terrenos "no alcanzan a cumplir las funciones básicas de conectividad de una Reserva ni a contener conjuntos ambientales funcionales".

Según insiste el Ejecutivo provincial, las tierras que cederá a la Nación enriquecerán la biodiversidad de la reserva. En ella habitan especies amenazadas, como el urundel amarillo, el palo papel, el oso hormiguero, el acuti, el gato montés, el puma, el gato moro y el zorro del monte.

Las autoridades provinciales confían que la reserva se convierta, con las tierras cedidas, en una muestra representativa de los ecosistemas pedemontanos, con sectores de transición hacia el Chaco y las Yungas.

"Los bosques de palo blanco y palo amarillo así como los sectores más húmedos de la porción occidental de los inmuebles representan importantes valores a conservar, ya que no se encuentran bosques de este tipo en ninguna de las áreas protegidas de los alrededores", sostiene el ejecutivo en los fundamentos del proyecto.

Después que en 2004 fueran desafectadas como áreas protegidas, algunas empresas privadas comenzar a deforestar en la zona. Pero muchas hectáreas no llegaron a ser vendidas debido a la presión de pobladores y organizaciones ambientalistas.

Ahora la provincia las cede a la Nación, con la condición de que si en tres años no llegan a utilizarse para la creación de la Reserva Nacional de Pizarro, vuelvan al dominio de la provincia. Durante la sesión, los legisladores tratarán también un viejo proyecto de municipalización de la fronteriza localidad de Aguas Blancas que, de promulgarse la ley, se desprendería de la administración de la comuna de Orán.

Disputas acerca de los límites del nuevo municipio -que dejaría sin algunos recursos al municipio oranense- frenaron hasta el momento el proyecto.