El fiscal de Cámara Rómulo Patti acusó a las dirigentes cooperativistas Anatolia Uribe y Gladis Leguizamón de haber defraudado a la Cooperativa de Viviendas Covianel y pidió a los jueces de la Cámara Criminal Dos una condena de tres años de prisión en suspenso.

El abogado Carlos Romero rechazó la calificación del delito y las responsabilidades penales que se les reprochan a sus clientes y se pronunció por la absolución.

Las evidencias colectadas en la instrucción de la causa y a lo largo del juicio oral y público demostraron que las nombradas, que ostentaban en cargo de presidenta y secretaria de la Coperativa, vendieron en forma irregular 12 hectáreas de tierras ubicadas en la zona norte de esta ciudad, a escasos metros del barrio Salud Pública.

Las parcelas que fueron cedidas a un precio fomento por la Municipalidad capitalina para construir viviendas sociales, finalmente quedaron en manos de un grupo de inversores vinculados con inmobiliarias que operan en la provincia.

Las averiguaciones iniciales del caso demostraron que las acusadas, el 28 de diciembre del 2007, convocaron a una asamblea de socios con el único propósito de oficializar el negocio, que finalmente se concretó en una suma total de 200 mil dólares, una cifra que fue considerada por expertos como “irrisoria”.

La operación se llevó a cabo en una de las oficinas del Banco Francés, por el que desfilaron algunos de los socios de Covianel convocados expresamente para percibir sumas considerablemente superiores a las contribuciones que se les había descontado de sus haberes mensuales.

Delitos de acción pública

El fiscal remarcó en su alegato que las investigaciones no se agotan con el pedido de pena para las dirigentes. Las investigaciones del delito serán profundizadas con la directa intervención del fiscal Horacio Maitini.

Patti afirmó que “se abre una nueva investigación penal que determinará el perjuicio causado al resto de los asociados que no cobraron monto alguno.

También se trabajará sobre las personas que percibieron sumas menores e inclusive hacia los afiliados que cobraron por la venta de las tierras en base a valores preestablecidos que no se correspondían con el costo de los terrenos.

Las averiguaciones también impulsan conocer los procedimientos adoptados por el grupo inversor inmobiliario que controla y, al parecer, comercializa los valiosos terrenos.