Asimismo formula, en caso de que la misma sea promulgada, reserva de iniciar acciones legales en defensa de los espacios verdes públicos de toda la comunidad y del equilibrio ambiental.

En la fundamentación del pedido se mencionan la violación de las leyes nacionales y provinciales, incluyendo ambas Constituciones, que preservan el ambiente y los recursos naturales y se funda entre otras cosas en la falta de Estudio de Impacto Ambiental previo a la decisión de la cesión, tal como lo manda la legislación, en la falta de audiencia pública como procedimiento de participación ciudadana antes de otorgar una concesión de uso y ocupación por un lapso como en este caso de 40 años, y en la negativa de los herederos del donante, Juan Pedro Camet, que amenazaron con reclamar la donación en caso de que no se cumpla con el cargo impuesto que es el uso y disfrute de todo el público.

Más adelante, se hace mención que “se correría el riesgo del bochornoso antecedente de manifiesta inoperancia e incapacidad de gestión de los estratos de gobierno, que vemos en la cesión de tierras de la Reserva del Puerto, al Club Atlético Aldosivi, donde todavía no se sabe cómo terminará y con un alto grado de judicialización”.