El agrupamiento que dirige el diputado nacional Julio Solanas, solicitó se levanten las sanciones a más de mil afiliados del PJ que participaron de las elecciones en otros partidos. La propuesta alcanza a ex dirigentes del bustismo.
"Una ley de Ética Pública es sin dudas una materia pendiente para todos los entrerrianos, y en este caso, se contempla la ética como un valor fundamental y excluyente para quien se disponga a cumplir cualquier función pública en la provincia de Entre Ríos", sostuvo Rosario Romero en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL.
En cuanto al proyecto de Ley de Ética Pública, la diputada Romero señaló que "la iniciativa se inscribe en el mandato constitucional comprendido en el artículo 37 de nuestra Carta Magna reformada".
En este sentido, consideró que "profundizar mecanismos de transparencia de las gestiones de gobierno, en los tres poderes del estado, es un desafío que debe encontrar el consenso de todas las fuerzas políticas por cuanto su buen resultado se traducirá en una mayor confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos".
En este sentido, evaluó que "la comunidad internacional en su conjunto ha claramente considerado que los practicas indebidas en el ejercicio de funciones públicas son un problema complejo de difícil solución que requiere del consenso de todos los estados para diseñar e implementar políticas públicas eficaces para su erradicación".
La norma propuesta, establece que "todas las personas, sin excepción, que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal de acceso, están obligadas a respetar las pautas de comportamiento ético consagradas (art. 1º)".
"Respecto de los sujetos obligados a presentar su declaración jurada de bienes, también se ha adoptado un criterio amplio, por cuanto deberán cumplimentar tal requisito desde el Gobernador, Presidentes de ambas Cámaras y Vocales del STJER, hasta los funcionarios de menor rango (art. 6º)", destacó la diputada.
Además, la ley prevé las pautas a seguir en lo relativo a los obsequios que pueden recibir los sujetos obligados por la norma, estableciéndose prohibiciones y admitiendo aquellos que son de cortesía o costumbre diplomática, en cuyo caso será necesario para la aceptación de los mismos su incorporación al patrimonio del Estado con fines sociales.
El sector que encabeza el diputado nacional Julio Solanas, envió una carta al gobernador y presidente del Concejo Provincial del Partido Justicialista, Sergio Urribarri. En la misiva, los referentes de la Corriente Arturo Jauretche, solicitan al mandatario entrerriano “abrir las puertas a todos aquellos que sientan el deseo de ser protagonistas de este cambio de época a partir de la militancia en nuestro Partido”.
El pedido enviado a Urribarri busca que se revoque las sanciones adoptadas a más de mil afiliados, por el Consejo Provincial del Partido el día 3 de diciembre de 2011, en la Ciudad de Paraná, donde se dispuso que “a todos los afiliados justicialistas que participaron de las listas de candidatos de otros partidos en la última elección del 23 de octubre les sea suspendida su afiliación y se remitan las actuaciones al Tribunal de Disciplina”.
Por ello, el solanismo, reconoce que en el Consejo Provincial, adhirió a la medida por “los motivos y circunstancias que fueron explicitadas en el referido Congreso, que puso de manifiesto hechos que excedían la mera cuestión electoral”.
Además en la carta que tuvo acceso INFORME DIGITAL, se hace referencia a una afirmación de Urribarri expresada luego de una reunión mantenida el 19 de setiembre de 2012 con los Intendentes que integraran el FEF, “en la política hay intereses superiores que están por encima de las cuestiones personales”, señaló en aquella oportunidad el gobernador.
En la misma línea argumentan que se debe llevar al seno del Congreso Provincial, la propuesta de levantar las sanciones dispuestas el 3 de diciembre de 2011.
“La amnistía debía ser general y automática, generadora de un derecho para todos aquellos que sientan el deseo de sumarse a esta fuerza política que sin pausa, y con una voluntad arrolladora, viene transformando la vida de los argentinos, a partir de un proyecto nacional, popular inclusivo y solidario”, sostienen.
La carta al gobernador está firmada por Julio Solanas, Gaston Grand, Enmilce Pross, Martín Huranga, Rosana Nuñez, Gustavo Guzman, Francisco Romero, Elizabeth Gonzalez, Francisca Castañeda. Blanca Belbey, Humberto Gracia, Pedro Ríos, Mario David, Osvaldo Roldan, Juan Carlos Albornoz.
Finalmente sostuvo: "Estamos convencidos que el presente proyecto de ley intenta constituir en la provincia de Entre Ríos una herramienta de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en el sector público, que sin dudas redundará en una mejor calidad institucional para todos los entrerrianos".
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