Pese a que la normativa municipal lo impide, las tres antenas ubicadas en la localidad de Campo Quijano aún continúan en funcionamiento razón por la que la titular de la Defensoría Civil 4, Natalia Buira, en representación de vecinos demandantes, interpuso un amparo ante el juez de Cámara Civil y Comercial, Mario D"Jallad.

A través de esa iniciativa legal, se apunta a que las empresas Telecom Personal S.A y AMX Argentina SRL retiren en el plazo de 10 días las antenas instaladas en las calles Jovanovics y avenida 9 de Julio y Juan Bautista Alberdi entre 25 de Mayo y Belgrano.

La ordenanza número 28 y la resolución 24/2013 establecen que las antenas tienen que estar ubicadas a 1.500 metros de la última vivienda habitada en línea recta. Ambas antenas no cumplen con las normas que las regulan. Tampoco lo hace la que se instaló en el Encón Chico, La Silleta.

En diálogo con El Tribuno, la defensora oficial, Natalia Buira sostuvo que “el intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, es el encargado de que las normas se cumplan en esas comuna. Pero omitió actuar contra las antenas. Solo ordenó que se coloquen fajas con la leyenda de clausura pero fue ficticio porque continuaron funcionando”.

En el escrito que Buira presentó en la Cámara Civil y Comercial (expediente 477722/14), destacó que “los vecinos de dicha localidad han acercado a esta Defensoría un listado de nombres y direcciones exactas de vecinos afectados con diferentes dolencias y enfermedades y también fallecidos en cercanías de la antena de barrio Libertad así como un croquis con la ubicación de dicha antena y de las casas de los vecinos afectados y fallecidos”. Inclusive, advierte la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos, como el derecho a la salud, la integridad física y psicofísica. El expediente detalla que aquellos afectados por habitar cerca de las antenas, resultan discriminados del resto de los habitantes que no está expuesto a esa situación.

Intervendrá la Procuración

La defensora oficial confirmó ayer que el juez D"Jallal envió el expediente a la Procuración General de la Provincia, cuya titularidad reside en José López Viñals. Buira expresó desconcierto ante esa decisión del magistrado ya que no existen elementos que justifiquen el envío del expediente a la Procuración.

“No se entiende por qué la causa pasa a López Viñals si la demanda no se originó en la Procuración”, sostuvo Natalia Buira. Añadió que lo que corresponde es que el juez notifique del amparo a los demandados.