Al pedido de suspensión del otorgamiento de montos para conservación de Bosques de a Eduardo Romani, por conflictos con una comunidad de Tartagal en la finca Michicola, se sumó otra solicitud similar de la comunidad Kolla Finca San Ignacio, para que se suspendan los fondos para la finca del mismo nombre, a nombre de Leticia Beatriz Corte, con la intermediación de Marcos Ciani.
En una larga nota presentada a principios de año, se describe que "camiones con trabajadores de la extracción de maderas entran y salen extrayendo madera de forma permanente de domingo a domingo. Uno de estos camiones se averió días pasados y pudimos sacarle fotos con la madera que estaba extrayendo, patente y el nombre de la empresa `Maderas del Zenta SRL`". Agregaron que "otro camión parece tener el mismo logo y transporta madera que extrae del territorio de la comunidad. De ello hemos sacado fotos este fin de semana de enero de 2011 y las presentamos como prueba.
El aserradero de Armando Cil, situado en la calle Sarmiento 850 de la ciudad de Orán, llega todos los días madera de nuestra tierra, algunas veces en acoplados que dicen `Finca San Ignacio` y que llegan directamente desde nuestro territorio".
El pedido de esta primera nota nunca tuvo respuestas de la cartera ambiental, según relató Mascietti, quien tomó conocimiento de que el Ministerio sí actuó para dar fondos a la matrícula 1509 de Orán que los kollas reclaman como parte de su territorio. Ambiente otorgó un total de 146.740 pesos para que en 12 mil hectáreas de esa Finca se realice Aprovechamiento Forestal y Reconversión de Areas Boscosas.
En la extensa nota que Mascietti presentó en enero, se informa la situación sufrida por la comunidad indígena desde 1971 hasta el presente. Mientras, los habitantes más antiguos de la comunidad con vida tienen 85 años, y aseguran haber nacido en ese territorio. Mascietti nombró distintas empresas que pasaron por el territorio y, con sus acciones (como la matanza del ganado), generaron la "dispersión" de la comunidad. Añadió que la comunidad sigue esperando el relevamiento de sus tierras, acción enmarcada en la Ley de Emergencia Territorial Indígena.
A pesar de todos estos reclamos, y su promesa de no otorgar dinero a tierras que están en conflicto, el Ministerio de Ambiente, encabezado por Francisco López Sastre, otorgó los fondos dentro de la finca en la que se denunciaron las extracciones, según los informes oficiales presentados en la Cámara de Diputados.
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