En el documento, se advierte que las empresas “sufrirán perjuicios irreparables ya que, aunque finalmente perciban la indemnización derivada de la afectación de su propiedad, la misma llegará tarde, cuando muchas firmas hayan sido conducidas a la quiebra o –en el mejor de los casos- hayan perdido de una vez y para siempre su cartera de clientes y sus espacios en sitios públicos y privados”.

Además, se puntualiza que “aunque el elemento publicitario esté destinado a instalarse en una zona permitida y cumpla con todos los recaudos formales que impone el Código, el Intendente podrá denegar el permiso con fundamento en algo tan etéreo como es el ‘interés público’ que frecuentemente se confunde con el interés del partido político gobernante; de sectores económicos afines; de amigos, parientes y/o socios. Si reparamos que la prohibición de instalar publicidad en las zonas costera y céntrica no alcanza a los avisos colocados sobre el mobiliario urbano, otorgando en exclusividad y habilitado a publicitar en toda la ciudad de Mar del Plata, se advierte cual peligroso es dotar el Ejecutivo del derecho de veto de todo intento en áreas permitidas. Su eventual mal uso –sea por culpa o por dolo- ensancharía hasta límites insospechados el negocio de la publicidad en mobiliario urbano”.

Uno de los artículos del controvertido Código de Pulti establece una delimitación geográfica para la publicidad en la vía pública. En ese sentido, desde la Cámara se indicó que se “avanza sobre los derechos adquiridos de las empresas de publicidad” que trabajan en Mar del Plata. “Todas ellas poseen espacios en terrenos propios o arrendados en la zona de mayor impacto visual de la Ciudad y han instalado importantes carteles publicitarios, de imposible o dificultosa remoción que cuentan con aprobación municipal, configurando un derecho patrimonial incorporado a sus patrimonios”, se añadió en el texto y se subrayo: “La norma impugnada expulsa del mercado a las más importantes empresas de publicidad de Mar del Plata y las condena a la quiebra”.

En ese sentido, se recalcó: “Para colmo se incurre en un tratamiento desigualitario y discriminatorio debido a que la publicidad en el denominado ‘mobiliario urbano’ (el ya instalado y el que se concesione en el futuro), carece de restricciones geográficas. Esta circunstancia impone la formulación de un interrogante esencial: ¿La voluntad de las autoridades municipales es reducir la oferta publicitaria a nivel general y prohibirla absolutamente en las áreas centrales o apunta exclusivamente a consagrar el monopolio del proveedor de avisos en el mobiliario urbano?”.

“No está mal que se fomente la colocación de anuncios en módulos de espera de transporte público, cestos de residuos, contenedores para reciclaje, etc, pero no puede transformarse una zona en un coto reservado a la única firma concesionaria que opera en Mar del Plata a costa de la sobrevivencia de las decenas de empresas dedicadas a la cartelería en espacios privados”, se afirma en el texto.

De ponerse en vigencia esta polémica normativa, desde la mencionada Cámara se le advirtió a Pulti que se reserva el derecho de “acudir ante el Poder Judicial, dejando planteado desde ahora el caso constitucional y cuestión federal ya que el Código de Publicidad sancionado por la Comuna afecta el derecho de propiedad, la facultad de ejercer industria licita y el derecho de defensa” de las empresas.