"Desvío de fondos, falta de controles y de políticas internas, uso indiscriminado de dinero por parte de las distintas autoridades tanto hacia adentro como hacia afuera de la Fundación (del Instituto de Desarrollo Rural -IDR-), una política salarial poco equitativa, reiteradas violaciones al Estatuto", sintetizan las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Senadores de la provincia, luego de analizar la administración y finanzas del IDR.

Con las pruebas en la mano y la aprobación por unanimidad de todos los partidos políticos que componen el Senado mendocino, la Comisión exigió "una exhaustiva investigación sumaria para el esclarecimiento" a la Fiscalía de Estado de la Provincia y en caso de ser necesario "la ejecución de las compulsas penales pertinentes" sobre los funcionarios que están involucrados en dichas irregularidades.

Entre ellos, miembros de la dirección de la Fundación IDR, funcionarios técnicos de este organismo y referentes políticos pertenecientes al Ministerio de Producción de la provincia, tales como los subsecretarios de Programación Alimentaria, Pablo Gómez Riera y Raúl Millán.

Este es un capítulo más de un hecho que Los Andes publicó hace casi un año atrás, en mayo de 2010, debido a la presentación de una denuncia efectuada por la Comisión Revisora de Cuentas del IDR ante la Legislatura provincial por la impugnación del Balance 2009 y las "permanentes irregularidades" en el manejo de fondos públicos, cifrados entre $ 8 y $ 10 millones, (sólo durante 2009) por parte del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de ese organismo. Ambos organismos presididos por Raúl Millán, subsecretario actual de Programación Agroalimentaria de la provincia.

Así, de acuerdo a la explicación del senador Sergio Moralejo (UCR), presidente de la Comisión Investigadora del Senado, le solicitó al presidente del IDR, Raúl Millán, representante del Estado provincial, "el inicio de sumarios administrativos internos a fin de deslindar las responsabilidades". Además, piden la investigación en Fiscalía de Estado "del posible daño producido a fondos públicos asignados para el IDR y eventualmente efectúe las compulsas penales pertinentes".

Sobre este punto, Moralejo dijo que "aún no se puede cuantificar el daño, por la inconsistencia de los balances, la falta de comprobantes y la imprecisión de la metodología interna contable".

Aunque este senador afirma que el cálculo de los fondos afectados ronda los $ 3,7 millones que el mismo Estado provincial destina a los gastos operativos del IDR. A lo que se suma, el dinero en planes, subsidios y programas agrícolas que llega desde la Nación y que podría alcanzar los $ 6 millones.

Asimismo, el Senado provincial pide en su resolución a la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, "la remisión de la documentación que acredite la regularidad de las entidades que conforman el IDR".

Lo más grave

Dentro de los hechos que se han investigado y que "remiten mayor gravedad", según dijo el presidente de la Comisión Investigadora y se explica en el informe, están relacionados con "los listados de productores asistidos, los cuales eran rubricados por Gómez Riera, en nombre del Ministerio de la Producción. Se pagaba mediante cheques emitidos por el IDR, firmados por el mismo Gómez Riera. No consta -dice el informe del Senado- la presencia de controles internos: quién otorga el dinero, remite el listado, retira parcialmente los cheques y devuelve los recibos; ni de controles cruzados".

Así, señala el texto, "el funcionario actuante por parte del Ministerio se remitía a él mismo listados y a su vez éste firmaba cheques destinados a terceros, es decir a los potenciales beneficiarios".

Otro punto clave enunciado por la Comisión Investigadora del Senado en sus conclusiones es "el manejo discrecional del dinero con distintas entidades sin ningún tipo de controles. Se han registrado graves anomalías en pagos que se realizaron desde la Fundación".

El informe explica puntualmente que "durante la presidencia del ingeniero Millán en el IDR, se pagaron: gastos de transportes y movilidad a contratados (violando el artículo tercero del contrato de locación de servicios); teléfonos celulares a ex directores, que no pertenecen al directorio del IDR; viáticos y estadías a directores, sin autorización del Consejo de Administración ni del Comité Ejecutivo; viajes de directores, con la sola presentación personal del mismo director y sin presentar pasajes, ni comprobantes de combustibles".

Desde Casa de Gobierno, el ministro de Producción de la provincia, Raúl Mercau, responsable máximo de dicha institución, dijo a este medio que "aún no ha leído la resolución", emitida por el Senado mendocino el 29 de marzo y que "estamos tranquilos, porque al confrontar la auditoría del Tribunal de Cuentas y el dictamen de la UNCuyo, se deduce que no hay irregularidades".

Para Mercau, "hay organismos técnicos sin carga política que afirman esto. Es una evidencia fuerte por sobre la opinión política", subraya. Aun así, "la Legislatura provincial aprobó esta resolución y conclusión, por unanimidad y con el voto de todos los partidos políticos", afirmó el senador Moralejo.