Mendoza y La Pampa mantienen desde hace 25 años un pleito por la circulación del río luego de que las obras hechas en territorio mendocino desviaron su curso, por lo cual en 2008 firmaron ante la Nación un convenio para resolver el conflicto.

Sin embargo, ante la falta de avances en las gestiones de los kirchneristas Francisco Pérez, gobernador de Mendoza, y Oscar Jorge, de La Pampa, el caso llegó hace un mes a la Corte Suprema tras la presentación de un abogado pampeano.

"Mendoza es acreedora de obras públicas, no deudora de agua", explicó el diputado jefe de la comisión de Ambiente. Asimismo, añadió que "mal puede la provincia de La Pampa demandar a Mendoza por un caudal de agua inexistente obviamente por las cuestiones naturales".

Respecto de su propuesta de solución, indicó que "cuando hablo de salir del conflicto por arriba no me refiero a que hablen los dos gobernadores solamente, sino a que institucionalmente los legisladores de la provincia de Mendoza y de La Pampa unamos esfuerzos ya que tenemos un conflicto común que es el agua".

Ríos dijo que así deberían "ir a la autoridad que corresponda, llámese Presidencia, Congreso, etcétera, pero siempre del gobierno nacional, a poner en contexto que estamos heredando un conflicto interprovincial obviamente federal, por culpa o por omisión de no estar esas obras presupuestadas".

"Nunca estuvieron incluidas en los presupuestos nacionales de la obra pública", objetó, y acotó: "Me parece que es la propuesta, si no, el debate es estéril".

"La madurez del problema nos obliga a compartir los esfuerzos para que primero aparezca la obra pública, segundo aparezca el excedente de agua que hoy no existe y en tercer lugar los pampeanos tengan la cuota de agua que están reclamando", añadió.

Ríos recordó que hace más de un año pidieron al gobernador Pérez "que mandara el famoso convenio entre Mendoza y La Pampa por las correntías de aguas del río Atuel para debate y la ratificación o no de ese convenio en la Legislatura de Mendoza".

Pero, indicó, "como no lo logramos" pedimos que "declarara nulo ese convenio por inviable o impracticable" y que "conjuntamente con la provincia de La Pampa fuéramos a reclamarle al gobierno nacional el cumplimiento de las obras que a nuestro criterio consideramos que son previas".

En ese sentido, hizo referencia a la concreción de Portezuelo del Viento y el trasvase del río Grande al Atuel.

Explicó que "primero tiene que estar Portezuelo del Viento, en el orden de las cosas; segundo el famoso trasvase. En tercer lugar, operado el trasvase, garantizar las 76 mil hectáreas bajo riego sobre el río Atuel, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sentencia (de 1987) garantiza".

En cuarto lugar, reclamó "la impermeabilización de obras de conducción del agua de la red primaria y de la red secundaria".

"Recién en ese orden, y cumplido, de obras que Mendoza es acreedora, creo que estaría en condiciones" de "darle porcentaje del caudal de excedente a la provincia de La Pampa", añadió.

Según Ríos, tal como está la situación hoy "por más que el convenio se aprobara en la Legislatura, va a ser letra muerta porque depende del ciclo natural de nevadas, el mayor caudal".

"Hoy la garantía de riego de las 76 mil hectáreas también es de imposible cumplimiento, pero no por culpa de Mendoza, no por culpa de La Pampa, sino por culpa del clima", advirtió.