El Centro de Estudios y Acción Popular solicitó al gobierno analizar el rol que tuvo el Ente Portuario. "La única conclusión lógica a la que se puede arribar es que hay serias dudas respecto a la viabilidad del proyecto", indicaron desde la entidad.
“Resulta incongruente que los siete primeros meses del año no alcanzaron para que el ente y el gobierno informen estos detalles a las empresas. De modo que la única conclusión lógica a la que se puede arribar es que hay serias dudas respecto a la viabilidad del proyecto. Nuestra entidad, desde el 2012 ha advertido, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, sobre las severas contradicciones técnicas, financieras y económicas del proyecto que fuera heredado de una gestión anterior, y continuado prácticamente sin modificaciones: 1) No se quisieron escuchar las objeciones de los expertos de la Fich de la UNL, que cuestionaban el lugar de emplazamiento. 2) En 2007, ante una denuncia periodística (realizada por el Director Periodístico de Diario UNO, Pilo Monzón) sobre “tráfico de influencias” por la compra especulativa de tierras en la zona de construcción del nuevo puerto, la que involucraba a autoridades del ente; en Diputados se escucharon muchos interrogantes y pedidos de informes, pero se dejó pasar la oportunidad de debatir el proyecto, que siguió adelante sin modificaciones. 3) En 2012 la Legislatura eximió al ente de las responsabilidades con el préstamo del Fonplata, que fueron trasladadas al fisco provincial, lo cual allanó el camino a los negociados inmobiliarios que está haciendo el ente con los terrenos del puerto. Porque las recaudaciones del Masterplan estaban originalmente destinadas a financiar el traslado del puerto”, indica el comunicado.
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