El proyecto dice: "El gobierno de facto del general Onganía congela la actividad de los partidos políticos (Decreto ley 16910) y los bienes pertenecientes a los mismos se reputan vacantes y son transferidos al patrimonio nacional". Esta ley sería complementaria a la 10.826, presentada por, en aquel momento, el diputado Ricardo Tojo donde se recuperó el salón y oficinas donde actualmente funciona el Comité ( San Martín 276 ), pero sólo es una parte de lo que en aquellos años los militantes adquirieron”.

Ahora se reclama la incorporación de las instalaciones donde hoy funciona la Dirección de Hidráulica de la provincia, edificio aledaño, y que ocupa más de 700 metros cuadrados.

Proyecto

Los fundamentos del proyecto argumentan que: "Esta iniciativa legislativa pretende dar un cierre definitivo a un resarcimiento histórico que lejos está de ser caprichoso y/o arbitrario. Para comprender esto basta hacer un relevamiento para considerar que se trata de completar una restitución histórica y un resarcimiento natural de la Democracia”.

Por su lado los jóvenes sostienen que "tomamos conocimiento de este conflicto ni bien empezamos la militancia, los mayores nos contaron la historia y creímos que era una deuda que debemos saldar nosotros los más jóvenes porque es una causa justa, conseguimos la ley anterior que son más de 100 hojas con las escrituras, planos y datos históricos que nos ayudaron a entender como había sido todo”.

En este sentido agregaron que “el tesorero y el presidente del Comité de aquel momento con aportes de los afiliados adquirieron el inmueble y lo escrituraron a nombre de un particular, porque en ese momento los partidos políticos no tenían personería y por eso el partido no podía tener nada a su nombre, pero dejaron claro por medio de escribanos que ni bien los partidos tengan personería, pase el inmueble a nombre del comité nacional”.

Luego, en el año 1966 después del golpe al gobierno de Illia, Onganía ordena por medio del Decreto ley 16910, el congelamiento de los partidos políticos y el traspaso de todos los bienes a nombre de la provincia.

“El dueño legal del inmueble fue obligado a donarlo por presión política y así ocurrió sin respetar lo escriturado, por eso pedimos la restitución histórica, porque hoy se nos niega lo que los radicales de aquel momento quisieron dejarnos a las nuevas generaciones", así definía Valentín Miranda, militante de la Juventud Radical en Lucha al proceso en el cual crearon este proyecto.