La Cámara de Senadores aprobó un proyecto del bloque Justicialistas por el que se solicitó al Poder Ejecutivo instruya y autorice al Fiscal de Estado a intervenir como parte querellante en los procesos que se investigan en la justicia provincial de Santa Fe, tramitados por la causa Expte 14 - Año 2015: "Vorobiof, Marcelo Héctor s/Delito Negociación incompatible con el ejercicio de la función pública" de trámite al mes de abril de 2017 en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción, Distrito Judicial Nº1, con asiento en la ciudad de Santa Fe, relacionados con la posible comisión de delitos en el ámbito del Ente Administrador Puerto de Santa Fe.

Entienden los legisladores que la naturaleza legal del Ente por si misma justifica la intervención como querellante de la Provincia, que se solicita y lo fundamentan señalando que el diseño que la Legislatura dio al Ente como persona jurídica pública no estatal que respondió a las directrices que impuso la Ley Nacional 24.093 de transferencia a la jurisdicción provincial de diferentes puertos manejados hasta ese momento (año 1992) por la Administración General de Puertos de la Nación, entre ellos el de Santa Fe, impone la prosecución de su actividad de fines de interés general, por ello del propio Estado provincial, para habilitar la transferencia de los bienes que le fueron cedidos y por ese interés en juego se reserva la designación de su Presidente con doble voto en caso de empate y la facultad de intervenirlo entre otras previsiones con el mismo objeto.

"Siendo entonces palmario el interés de la Provincia de Santa Fe comprometido en el desenvolvimiento de la actividad del ente, la comisión de delitos en su ámbito que lo perjudican, lo consagrarían como un ofendido penalmente por delitos de acción pública (Artículo 93 de la Ley provincial 12734 y modificatorias", argumentaron.

Además, alegaron que esta cuestión se ve ratificada por los tipos delictivos investigados o que podrían derivar de la investigación y del que podría ser su autor o coautor el funcionario designado por el Poder Ejecutivo.

Los senadores justicialistas indicaron, "en relación a su constitución como querellante, que numerosos precedentes judiciales coincidentes y concordantes lo habilitan, estableciendo que con ello no se afecta el derecho de defensa".

Finalmente, no obstante "la justificación que en sí misma encuentra esta iniciativa, advierten que va en la misma línea de acción que la asumida por el señor gobernador en otras situaciones análogas, consagradas en el Decreto Nº 442/17".