En horas de la mañana de ayer, en ámbitos de la Cámara Penal Nº2, tuvieron lugar los alegatos en el juicio que se sigue en contra de cuatro agentes de la Policía, José Francisco Reartes, Ramón Córdoba, Raúl Aredes y Walter Soria, quienes están acusados de cometer el delito de “vejaciones agravadas” en contra de Ramón Orlando Arréguez, por un hecho ocurrido el 7 de abril de 2005 en la comisaría Tercera.

En el marco de las conclusiones finales, el representante del Ministerio Público, Gustavo Bergesio, solicitó una pena de 4 años de prisión para Córdoba, 3 para Reartes y 2 años de cárcel para Aredes, dando a conocer, en su alocución final, que la Fiscalía no sostendría la acusación en contra de Soria, por lo que no solicitó para él pena alguna.

En este sentido, el fiscal expresó que, a lo largo del debate, se comprobó la participación y responsabilidad de los tres policías en las lesiones que presentó posteriormente la víctima, quien resultó con graves daños en su sistema digestivo, luego de la noche en la que se dieron los hechos.

A su vez, el abogado querellante representante de la víctima, Pedro Vélez, adhirió a los argumentos del fiscal de la Cámara, agregando, asimismo, lo que la querella considera una retribución económica justa para la víctima, teniendo en cuenta lo que la misma padeció a partir de las lesiones sufridas en manos de los agentes policiales y sus consecuencias.

En este sentido, Vélez consideró que el Estado debe resarcir a Arréguez con la suma total de $613.000, en concepto de los distintos daños que sufrió desde 2005 hasta la fecha.

El querellante llega a esa cifra considerando que se le debe pagar $150.000 por daños físicos, $5000 en concepto de gastos médicos, $20.000 por daños psíquicos, $15.000 por daños psicológicos, $36.000 por lucro cesante (es decir, por el dinero que hubiese generado en caso de no haber sido víctima de las lesiones que le impidieron trabajar normalmente), $237.000 por “pérdida de chances” y $100.000 por daño moral.

Alegatos de defensa

A su turno, los abogados defensores de los imputados dieron a conocer sus conclusiones finales en torno al debate que se estuvo desarrollando desde el 20 de agosto último. El abogado defensor de Reartes, Leonardo Berber, pidió la absolución de su defendido, expresando que hubo serias contradicciones a lo largo del juicio, especialmente por parte de la mujer de la víctima, Silvia Pérez. Esta habría cambiado su declaración en cuanto a determinar la cantidad de policías que subieron a su pareja al móvil policial y también al precisar cuánta cantidad de alcohol consumió la pareja el día de los hechos.

Basado en estas desavenencias, el abogado dijo que lo que está pidiendo a la Justicia la víctima es “una locura que no puede ser”, y que, en realidad, la pareja vio a este juicio como una oportunidad de hacer dinero.

Víctor García, por su parte, al alegar, sostuvo que el que no se haya sostenido la acusación a su defendido, Walter Soria, exonera también a su otro cliente, Raúl Aredes, ya que en ningún momento del proceso judicial quedó comprobado que alguno de ellos haya golpeado a la víctima; y cuestionó, en ese sentido, la requisitoria a elevación a juicio, expresando que no existe una culpabilidad comprobada por parte de los policías que actuaron el día de los incidentes, sino que todo apunta a la duda razonable.

Rechazo

Los abogados representantes del Estado provincial, finalmente, fueron categóricos al desestimar la demanda monetaria que solicita la víctima, particularmente, desacreditando que la misma haya padecido los problemas y dificultades que enunció a lo largo del debate, y asegurando que no se acreditó que haya perdido su bazo, tal y como expuso en la denuncia que originó el juicio.

Los abogados, Leticia Llopis y Jorge Acosta, rechazaron de plano la solicitud de la Querella, indicando que Arréguez no estuvo más de 16 días internado a causa de las lesiones y que el Estado ya pagó por su recuperación; en referencia a que el hombre fue asistido en centros de Salud pública en todo momento.

Luego de las alocuciones de los letrados intervinientes, el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo a las 8.30, momento en que se dará a conocer la sentencia.