Un grupo de profesionales de Buenos Aires presentaron una medida cautelar para que la Justicia obligue al Gobierno Nacional a declarar la emergencia sanitaria por el dengue en todo el territorio nacional (algo que no se logró en el Congreso), para que "asuma la dirección de la epidemia articulando con las provincias y municipios de todos el país la implementación de las acciones unificadas, afectando al personal a las tareas de control, prevención, vigilancia y erradicación del dengue y el vector, a contratar locaciones de obra, servicios no personales y/o de terceros, adquirir equipamiento y efectuar todo gasto para hacer frente a las mismas y/o a la evaluación de situaciones de emergencia existentes o que pudieran producirse, en cada región o zona sanitaria".
Lejos del razonamiento de la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, quien entendió que para solucionar el tema del dengue no solo hay que pensar en los fondos con los que se cuenta, en el amparo se solicita "se ordene dictar los actos administrativos razonables con la asignación de partidas presupuestarias adecuadas y suficientes".
El amparo fue presentado por Maria Marcela Natiello, afectada directa con el virus del dengue serotipo 3, médica especialista en infectología y neumunología del Hospital Francisco Muñiz, Edith Dinerstein, médica especialista en infectología del Hospital Evita de Lanús, Delia Martinez, bioquímica del Hospital Evita de Lanús y Liliana Fontan, defensora de derechos humanos y miembro de la Mesa Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
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