Los reclamos por los incumplimientos de la provincia con lo establecido por la Ley de Bosques Nativos impulsó el reclamo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), para que la Nación actúe con el fin de que Salta "ponga fin al sistemático quebranto de legislación nacional".
La entidad indicó que elaboró un informe sobre su estado de aplicación de la Ley de Bosques en Salta.
Conocidos temas que se vienen denunciando como las problemáticas que se dan en la provincia como los desmontes ilegales por insuficientes controles en terreno, falta de multas ejemplares que cumplan con un efecto disuasorio, los incendios forestales intencionales y especialmente, las recategorizaciones prediales solicitadas a simple pedido del propietario que cambian lo establecido por el Ordenamiento Territorial Bosques Nativos (OTBN) salteño, habilitando el desmonte.
También "existen serias deficiencias en la rendición de cuentas, lo cual motivó que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) iniciara un expediente a la provincia para investigar dicho tema", durante 2013, sostuvo la entidad en un comunicado. Desde Nación, en tanto, ya se hizo el reclamo por las recategorizaciones en una audiencia pública.
"Salta ha sido de las provincias con más altos índices de deforestación en los últimos años, afectando a la biodiversidad que albergan sus bosques, como a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan y dependen de ellos para su subsistencia". Recordaron que según datos oficiales, desde 2009 hasta junio de 2011 se deforestaron 8080 hectáreas en la categoría roja (donde no se permite el desmonte), y 31749 en la categoría amarilla (que no permiten desmonte sino uso sustentable).
Recientemente, la Auditoría General de la Nación (AGN) informó que en Salta la efectividad de los instrumentos de gestión de la Ley de Bosques es marcadamente baja, que persiste la deforestación en zonas prohibidas por ley y que las recategorizaciones prediales en Salta incumplen con la legislación vigente.
La entidad junto a otras organizaciones pidió a Salta informes sobre las recategorizaciones el 24 de febrero. El 30 de abril reiteró el pedido. Pero hasta ahora, el silencio fue la única respuesta.
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