Luego del fallo de la Justicia que prohibe a las empresas de televisión, internet e iluminación colocar los cables de suministros en tendidos aéreos, concejales proponen que se multe a aquellas compañías que no cumplan los plazos estipulados para el soterramiento.

El costo por el incumplimiento oscila entre las 100 y 150 Unidades Tributarias (UT) por día, es decir, de $1.300 a $2.000.Hace pocos días, las empresas se reunieron con la titular de la cartera de Planeamiento Urbano municipal, Fanny Velarde, con el fin de acordar cómo se realizarán los trabajos.

Ese encuentro es el que llevó a que un grupo de ediles se adelantara y exigiera que se impongan fechas para evitar que las obras queden sin realizarse. Según la concejal Socorro Villamayor (Frente Salteño), titular de la iniciativa, la Municipalidad de Salta no tiene la decisión política para implementar la medida de retirar los cables aéreos.

"Planeamiento Urbano quiere tomarse dos años para erradicar el problema sólo del microcentro y cinco años para eliminar el cableado aéreo del macrocentro", manifestó la edil. 17% es el porcentaje del valor total de una vivienda que implica el costo de implementar un trabajo de soterramiento de los cables.

En diálogo con El Tribuno, Velarde explicó que las empresas ya fueron informadas sobre el soterramiento que deberán realizar. La funcionaria dijo que aún hay compañías que a pesar de haber sido advertidas, todavía no presentaron el plan de trabajo por el que optarán. "En la reuniones con las empresas se hicieron las propuestas. Salvo Edesa que aún no lo hizo", agregó.

Las empresas aseguran que la realización del soterramiento implica un alto costo y el rompimiento de veredas.La proveedora de energía eléctrica, Edesa, fue intimada por la comuna a través de la Procuración municipal. "Le pedimos que haga la presentación cuanto antes de su plan de trabajo", sostuvo Velarde.

El fallo

El fallo de la Corte de Justicia de Salta se apoya en la ordenanza municipal 13.779, que en el artículo 293, obliga a que los cables estén soterrados en todo Salta. Edesa había presentado un recurso de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la ordenanza sancionada en el Concejo Deliberante.

La Corte de Justicia rechazo la medida presentada y abaló la normativa vigente. Este año debe quedar sin efecto la excepción que recibió el Estado provincial al cumplimiento del artículo 239 del Código del planeamiento, que obliga al soterramiento.

"La única forma de hacer realidad el soterrado de cables es que la autoridad municipal asuma su responsabilidad para hacer cumplir el código. Las empresas saben desde hace casi cinco años que tienen que erradicar los cables aéreos y que esto exigía invertir dinero. No lo hicieron y es momento de fijar plazos para que cumplan", remarcó la concejal.