La Confederación Mapuche de Neuquén pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que intervenga como mediador ante el gobierno provincial y nacional para que se responda a situaciones de avasallamiento de los derechos del pueblo aborigen, dentro de las que se pone particular énfasis en la ampliación de actividades extractivas (petroleras, mineras) y forestales en "territorios mapuches", sin el consentimiento de las comunidades.

El documento fue enviado a la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, a nombre de James Anaya, y se hace referencia en su encabezado a "discriminación, desalojos forzados y criminalización de pueblos indígenas en Neuquén, Argentina".

En el largo texto, se describen situaciones de avasallamiento a los derechos indígenas, se pone el acento en destacar la cantidad de procesos y enjuiciamientos contra mapuches por denuncias de usurpaciones de tierras, y se destaca que "el Estado, al negar la titulación, ha logrado colocar a los mapuce en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a los embates de quienes se autodenominan propietarios de las tierras, ya sea el mismo Estado, particulares o las diversas administraciones".

Se afirma en el documento que "ante esta situación de discriminación institucionalizada y debido a la vulnerabilidad en que el Estado ha logrado poner a las comunidades mapuce, los particulares apropiadores ilegítimos de tierras y las corporaciones extractivas, turísticas y forestales, encuentran una realidad sumamente favorable para sus intereses y garantizada la complicidad judicial".

Como para demostrar lo aseverado, se menciona que hay actualmente 32 causas penales en proceso "en las que se encuentran imputados más de 150 autoridades y miembros del Pueblo Mapuce".

De esas 32 causas, escriben que 19 son imputaciones del delito de usurpación y las restantes son "formas varias de desobediencia y resistencia a la autoridad".

"En contraste, no se encuentra imputada ninguna de las personas que ocuparon tierras indígenas o extrajeron sus recursos, todas del grupo étnico dominante. Además hay 19 juicios civiles, principalmente por desalojo", dice la Confederación Mapuche.

Por esta causa y otras que se enumeran, es que piden "su intervención ante el Estado argentino con el fin de lograr un proceso de mediación tendiente a hacer cesar esta situación".

Firman el documento Elias Maripan, Lonco; y Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), entidad que asesoró técnicamente a la Confederación.