Luego de los constantes intentos de desalojos de sus tierras sufridos por la Comunidad India Quilmes, sus integrantes en conjunto con Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) promovieron y presentaron ante la Legislatura de Tucumán un pedido de juicio político en contra del juez Civil de Documentos y Locaciones de la IIIª Nominación, Juan Carlos Peral.

La demanda se encuentra motorizada debido a que este magistrado fue quien libró las respectivas ordenes judiciales para que se concrete el abandono de los pueblos originarios de los sectores que habitan en la localidad de Colalao del Valle.

La solicitud se fundamenta bajo la causal de "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo" puesto la realización de actos "de manifiesta arbitrariedad", por parte de Peral.

Esto se refleja, según los demandantes, en las sentencias dictadas contrarias al ordenamiento jurídico vigente en posición evidentemente parcial a favor de Comunidad Aráoz Hnos.

Desde Andhes, agregaron que "no quedan dudas que el juez ha dejado de mantener su buena conducta en términos constitucionales. La delicada misión de resguardar y respetar las leyes Supremas y el orden normativo vigente, ha sido groseramente quebrantada por este magistrado, dejando a la Comunidad Quilmes y a la sociedad toda, con una marcada indefensión".

Vale resaltar que la Ley 26.160 resguarda las garantías de la estos pueblos al suspender, hasta noviembre de 2013, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras afectadas por el relevamiento del territorio indígena.