Piden al intendente que haga cumplir las medidas de seguridad contra las salideras bancarias

| Pese a haber sido sancionada hace más de tres meses, la ordenanza que establece medidas de seguridad en bancos para evitar las denominadas salideras aún sigue sin ser aplicada por el Departamento Ejecutivo municipal.
La medida, sancionada el 22 de septiembre pasado por el Concejo Deliberante capitalino, establece entre otros puntos, la obligatoriedad de instalar en los bancos biombos o muros divisorios en las cajas a fin de que den privacidad e impidan la visualización de las operaciones que los clientes realicen. También se exigen bloqueadores de celulares y un mayor número de cámaras. Las medidas recaen, además, sobre entidades financieras y casas de cambio.

La norma, autoría del edil Raúl Pellegrini (Concertación Plural) fija la colocación de nuevas cámaras de seguridad ubicadas en cada puerta de acceso al local dirigidas hacia el exterior para facilitar la vigilancia de las áreas próximas y puntos de ingreso.

La hasta ahora incumplida ordenanza también sostiene que todos los gastos que genere la implementación de estas medidas de seguridad corran por cuenta del propietario del local.

Pellegrini envió el 28 de diciembre pasado una nota al intendente Domingo Amaya para que "instruya al área correspondiente a que efectúe el relevamiento necesario y las sanciones que correspondiere".

“Las salideras forman parte de una actividad delictiva que comienza, normalmente, dentro de la misma entidad bancaria o financiera, en donde un “marcador” detecta a quienes retiran sumas de dinero dándole aviso a sus cómplices quienes, cuando la persona “marcada” sale del banco, la interceptan arrebatándole el dinero. Esto nos obliga a buscar soluciones que tiendan a prevenir y ayuden a combatir este tipo de ilícitos que se han convertido en un flagelo para toda la comunidad”, afirmó Pellegrini.

La norma también establece penas de entre 5 mil y 10 mil pesos de multa si el banco incumpliese con estas medidas. Posteriormente, se concede un plazo de 30 días el cual, si se mantiene el incumplimiento, la sanción será la clausura del local hasta que se materialicen las obras de adecuación.

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