El diputado José Cano solicitó al Tribunal de Cuentas (TC) que informe sobre la situación de los presupuestos de la Caja Popular de Ahorros y del Subsidio de Salud.

Según advirtió el parlamentario, el organismo decidió renunciar a sus responsabilidades de control sobre los recursos públicos que administran ambas instituciones. “Hay más $ 500 millones que estarían siendo auditados”, advirtió.

Cano envió una nota al titular del TC, Miguel Chaibén Terraf, en la que le solicita “en carácter de muy urgente” que informe sobre los motivos legales argumentados por el organismo para renunciar al control de los gastos asignados a la Caja Popular de Ahorros y a la obra social provincial.

“El control posterior de los fondos se encuentra previsto en la Ley de Administración Financiera y en la Constitución de la Provincia. Nuestra afirmación de que el Tribunal de Cuentas ha renunciado a esa obligación surge de la simple lectura de los distintos informes de la Cuenta de Inversión. En esos documentos, no se menciona a los organismos como controlados”, expresó el referente del Acuerdo Cívico y Social.

Cabe consignar que el Presupuesto 2013 asignó un presupuesto de $ 163 millones al Instituto de Previsión y Seguridad Social, que administra el Subsidio de Salud; y que la Caja Popular de Ahorros dispuso de más de $ 378 millones de las arcas públicas.