El pedido de Valenzuela se corresponde con denuncias que se hicieron contra Fundapaz en un medio gráfico. En estas notas se acusó a esta asociación (que desde 1980 se encuentra trabajando en Salta, con equipos interdisciplinarios en los departamentos San Martín, Rivadavia y Santa Victoria), de presentar proyectos para beneficiarse a sí misma. Fundapaz sostuvo que los proyectos fueron "analizados con las comunidades" para "realizar un plan de manejo que les permita a estas un aprovechamiento forestal sustentable. Sin estos proyectos, una vez más las comunidades indígenas hubiesen sido ignoradas y vulneradas en sus derechos".

Respecto a la afirmación que se hicieron en esa publicación de que "los fondos de los bosques no llegaron a los aborígenes", Fundapaz sostuvo que la fecha formal de inicio de los proyectos fue el 10 de mayo, momento desde el cual "hubo que hacer trámites previos a la recepción de las partidas: sellado de los convenios en Rentas, presentación de los convenios en Inmuebles, presentación de la personería jurídica, cuenta bancaria, presentación del Instructivo de Rendición, solicitar presupuestos de los distintos rubros", entre otros.

También explicó que su intervención se dio ante la carencia de cuenta bancaria e inscripción en la AFIP por parte de las comunidades indígenas para acceder a los fondos dispuestos por la Ley de Bosques. Se añadió "la necesidad de una labor de capacitación y asistencia técnica para manejar información y tecnología de relevamiento de datos, de interpretación de la información de análisis", entre otros. De hecho, la necesidad de disponer la cuenta bancaria a cargo de algunas asociaciones fue explicada en las reuniones de las cámaras legislativas, en donde se señalaba la imposibilidad que se generaba para las comunidades al momento de cerrar este trámite.