En este sentido, pide que se indique y difundan los informes técnicos “de evaluación y resolución de declaración de impacto ambiental” correspondientes a los años 2012, 2014 y 2016. En este orden, solicita que se detallen los programas ambientales de cierre específicos para cada componente del proyecto y los resultados actualizados.

Además, espera que se responda cuáles son los planes de cierre de los programas socioeconómicos. En este sentido, solicita que “informe los programas transversales destinados al monitoreo y evolución de la calidad de los factores” no sólo ambientales sino también socioeconómicos involucrados, acompañados con los resultados a la fecha”.

En relación con el segundo factor citado, pide que se señale cuáles son los programas en las comunidades locales “destinados a la reconversión de empleo, desarrollo y formación de emprendedores”, entre otros ítems.

En tanto, espera que la secretaría informe si se prevé convocatoria y reglamentación de audiencia pública para la participación ciudadana en los programas de cierre (en los términos de la ley 25675, en consonancia con el fallo de la Corte Suprema sobre el recurso presentado por vecinos de Andalgalá).

De la misma manera, pide que “especifique cuáles son los planes y programas del Estado provincial y municipales -Andalgalá, Belén y Santa María- para la utilización inteligente de los recursos económicos para desarrollar proyectos productivos con la finalidad de reemplazar los beneficios económicos”.

Dentro del proyecto, requiere que “señale cuáles son los programas en conjunto (de la empresa, Estado provincial y municipales) destinados a la concientización y capacitación de los empleados y proveedores locales para su inserción en otros proyectos mineros o diferentes mercados”.

Entre los fundamentos del proyecto se menciona que el emprendimiento está en su última etapa de vida útil, “salvo que se incorporen otros yacimientos”. Hasta el momento, “el único en condiciones de factibilidad es Agua Rica”, propiedad de Yamana Gold “que actualmente mantiene un objetado contrato con Camyen, cuyos plazos están vencidos, y se desconoce la causa

de los incumplimientos en los compromisos asumidos por Yamana para 2015”.

De igual modo, indica que “inquieta” la falta de difusión sobre las herramientas de contralor aplicadas por la secretaría de Minería sobre el plan de cierre.

En tanto, señala que para superar el cierre de mina, desde el aspecto socioeconómico “se debe cambiar el actual modelo de gestión pública, caracterizado por el asistencialismo y construcción de infraestructura destinada a servicios sociales”, por uno que “priorice la inversión en infraestructura y equipamiento conducente al desarrollo productivo”.