Ante la denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por el diputado provincial Hugo Maldonado, por el supuesto uso de bienes del Estado para la campaña política de Eduardo Aguilar, por la presencia de contenedores en el playón de la Dirección de Vialidad Provincial con leyendas partidarias y propagandas de neto corte electoral, la concejal radical Ebe Arechavala presentó un pedido de informe para que proyecto de resolución a efectos de solicitar que a través de la presidencia del concejo municipal se solicite al Ejecutivo Municipal que se informe si la empresa prestataria del servicio de contenedores objeto de la denuncia, así como los contenedores en cuestión cumplen con los requisitos dispuestos por la Ordenanza nº 9984.

Asimismo, la edil de la Alianza requiere también al Departamento Ejecutivo municipal que se arbitren las medidas necesarias para que los contenedores que se encuentren en violación con la normativa vigente no sean depositados en las calles de la ciudad, hasta tanto la empresa o propietario de los mismos cumplimenten los trámites de inscripción municipal y readecuación de los volquetes a la normativa vigente.

Frente a la inexistencia de normas que regularan el uso de contenedores en la vía pública, en el año 2010, Arechavala convocó a las empresas que prestan el servicio de contenedores en la ciudad, a las entidades vinculadas a la actividad de la construcción y a las aéreas administrativas y técnicas competentes del municipio, para que en forma conjunta se consensuara el proyecto de su autoría reglamentando el uso de contenedores en la vía pública, estableciendo los requisitos que las empresas deberían cumplimentar y las condiciones exigidas para la autorización de los mismos.

Fruto de este trabajo con los sectores involucrados en la temática, surgió la Ordenanza nº 9984, la que fue aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal, el día 5 de octubre de 2010.

A tal efecto y considerando que no debe existir inequidad entre las empresas prestatarias del servicio, es inminente realizar el seguimiento necesario para que no se utilicen ni se depositen en la vía pública contenedores que no reúnan los requisitos de seguridad exigidos por el municipio, ni presten el servicio personas o empresas, incluso y con mayor razón el propio estado provincial, que se no se ajusten a las normativas vigentes, especialmente cuando se trata de resguardar la vida y los bienes de los vecinos, la seguridad vial, la competencia desleal y por sobre todo la responsabilidad ante eventuales accidentes en la vía pública, como ya ha ocurrido como consecuencia de la falta de señalización lumínica o refractiva correspondiente o depositados en lugares que generan riesgos innecesarios.

Como conclusión final, Arechavala manifiesta su preocupación por la ligereza negligente con que funcionarios del gobierno provincial, en su ambición personal con fines políticos y electorales, infringen las normas municipales que responsablemente se sancionara para proteger a los habitantes de la ciudad y garantizar el correcto funcionamiento de las empresas de servicios de contenedores.