El colectivo social Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana) se movilizó ayer para reclamar la declaración de la emergencia nacional por la violencia de género y, además, aprovechó la ocasión para solicitar que en Mendoza haya oficinas fiscales que atiendan específicamente este problema.

La acción de Mumala en Mendoza fue replicada en diferentes ciudades del país y forma parte de diferentes presentaciones que anticipan los actos del lunes 25, Día Internacional Contra la Violencia Machista.

La concentración hecha ayer en la plaza San Martín de Ciudad, donde se reunieron unas 40 militantes, tuvo como excusa realizar un silbatazo para llamar la atención de la sociedad y de los responsables del funcionamiento del Estado. Y, de esta forma, denunciar también lo que indican es una reducción del presupuesto nacional para llevar adelante las políticas de este área.

Tampoco escaparon de las críticas lo que a nivel provincial se está realizando al respecto, y si bien indicaron que conocen el trabajo que hace tanto la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad (Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos ) y la Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia contra la Mujer (Ofavmu-Poder Judicial), indicaron que no ven una política provincial en esta materia y que falta articulación entre los organismos.

Silvina Anfuso, una de las máximas responsables de esta agrupación, justificó el pedido para que haya oficinas fiscales específicas en las que se hagan denuncias de casos de violencia de género, sobre la base de las experiencias recientes en las que se ha demostrado que una mujer puede haber realizado diferentes presentaciones ante la Justicia, pero estas, al no ser unificadas, generan sólo burocracia y no resuelven la situación de fondo, que es la protección de la víctima.

Es decir, cada vez que se denuncia a un agresor, se abre una nueva causa en contra de la misma persona.

“Cuando no hay una unificación de las causas penales, se termina invisibilizando el problema. Si entendemos que realizar una denuncia ni implica que la violencia hacia una mujer desaparezca, creemos que es muy endeble la sanción penal hacia los agresores”, indicó Anfuso.

La referente de las políticas de género también opinó que, si bien se ha avanzado en la modificación del Código Penal, incorporando la figura del femicidio como un tipo agravante de homicidio, lo que se modificó el año pasado, a la vez aclaró que esto lo que hace es sancionar más al agresor, o sea, hay mayor justicia pero cuando la mujer fue asesinada.

Tanto en la Justicia como en otros poderes como el Legislativo han comenzado a analizar estas situaciones en las que ante la falta de unificación de causas o no coordinación entre diferentes dependencias judiciales, hay una escasa efectividad en la resolución de casos.

La última situación de conocimiento público que se produjo en Mendoza fue el caso de Mirta Naranjo (46), quien murió el mes pasado luego de sufrir reiteradas agresiones por parte de su marido, el comerciante Ricardo Muñoz.

Fuentes oficiales de los tribunales provinciales han admitido que desde la Corte provincial se está analizando y revisando la manera de hacer más eficiente el abordaje de los casos de violencia de género, ya que admiten que el acceso a la Justicia no termina protegiendo a la víctima y sancionando preventivamente al agresor.

Anfuso opinó que la Ofavmu ha pasado a ser una oficina en la que se reciben denuncias y se orienta a la víctima, y donde se tienen estadísticas de las presentaciones recibidas, pero no hay un seguimiento de los casos, y mucho menos, un aporte a la resolución de los conflictos.

En el Poder Judicial se viene estudiando un reordenamiento de su organigrama, y funcionarios con acceso a los ministros de la Corte local estiman que el año próximo es muy probable que tengan un mayor protagonismo la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

Otra circunstancia que se entrelaza es el rol que cumplen los juzgados de Familia, ya que en este ámbito es donde una mujer víctima de violencia por parte de su pareja hace las presentaciones para los pedidos de exclusión del hogar.

En la mayoría de los casos, las actuaciones hechas en los fueros penales por un caso específico de violencia de género no están conectadas con las actuaciones de los magistrados de Familia, y para corregir esta deficiencia hay proyectos de ley presentados por la diputada oficialista Mónica Zalazar.

La iniciativa apunta a la creación de un sistema informático que notifique si la persona denunciada ya tiene antecedentes por violencia de género.

Zalazar ha indicado que en su intención también estaba la creación de fiscalías de género, pero la legisladora ha explicado que cuando hizo las consultas al Centro de Estudios de Derecho Penal, le indicaron que no sería necesario ya que este tipo de denuncias son mínimas.

La propuesta que no fue presentada formalmente por la legisladora oficialista está en coincidencia con la exigencia que vienen motorizando las integrantes de Mumala.

Anfuso también reflexionó sobre las posiciones que tienen muchos abogados y magistrados garantistas, quienes opinan que penalizar a los agresores no es una solución para un problema que tiene una raíz cultural.

“Pero nosotros creemos que lo que se ha generado es un clima de impunidad, faltan sanciones y se siguen repitiendo las modalidades y la perpetuación de la violencia”, amplió Anfuso.