Un concejal de San Luis busca que la Intendencia saque a la calle sus inspectores para hacer cumplir siete ordenanzas sancionadas en las últimas tres décadas que consagran distintos derechos, garantías y facilidades para los discapacitados, como la cesión de los primeros asientos en los colectivos y la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los carritos que tienen los supermercados para trasladarlos por las góndolas.

Fernando Salino, del bloque Compromiso Federal, presentó un proyecto de declaración en la última sesión. “El artículo 19 de la Carta Orgánica Municipal establece que la Municipalidad arbitrará los medios necesarios para facilitar la inserción comunitaria de las personas con discapacidad”, sostuvo el dirigente justicialista, quien también se amparó en que tanto la Constitución Provincial como la Nacional consagran “la igualdad de los ciudadanos” y establecen que “el Estado es el principal encargado” de hacerla respetar.

El edil reconoció la falta de control en el cumplimiento de este tipo de normas. “Debe velarse por la plena y efectiva implementación y correcta regulación de estas ordenanzas”, manifestó y agregó que la verificación de sus cumplimientos “es lo que verdaderamente efectiviza la vigencia de los derechos que se intentan resguardar”.

Salino aseguró que mientras el texto no se lleve a la práctica les genera a los discapacitados “un enorme obstáculo en su vida cotidiana, llegando a veces a hacerle imposible la realización de determinadas actividades”.

Precisó que en muchos espacios de la ciudad existen instalaciones, mecanismos, herramientas y materiales adecuados para las personas con capacidades diferentes, que en muchos casos “están deteriorados, carentes de mantenimiento o fuera de uso”.

Y puso como ejemplo los baños públicos adaptados que son utilizados como depósito o los carros de los súper que no funcionan por falta de batería.

Normas olvidadas La más antigua data de 1985 y obliga al transporte urbano a reservar el primer asiento doble para discapacitados, ancianos con problemas motrices y las madres con niños o lactantes. Otra sancionada cinco años después fija que las edificaciones que supongan ingreso de público prevean accesos adecuados para personas que utilicen sillas de ruedas.

En 1997 fue aprobada una para que las agencias de taxis y colectivos cuenten con afiches educativos referidos a los derechos de quienes tienen capacidades diferentes.

Las últimas normas nacieron hace una década con la adhesión del Municipio a la ley provincial redactada a comienzo de siglo, la creación de un registro único de personas en el ámbito de la Comuna, el pase libre en el transporte público y la incorporación paulatina de más servicios en los colectivos, como pisos antideslizantes, espacio para la ubicación de bastones, muletas y sillas de rueda.