Diputados de la oposición presentaron un proyecto de resolución por el que demandan al poder Ejecutivo que, en uso de sus atribuciones, reglamente o promueva en el Senado el tratamiento de la norma que ordena los artículos de la Constitución provincial que prevén la autonomía funcional, la composición en cuanto a sus miembros y el sistema de ingreso respecto al Tribunal de Cuentas, promoviendo el concurso público para reemplazar al presidente, informaron a AIM.

Ante el pedido de acuerdo del gobernador Sergio Urribarri a la Cámara de Senadores para que el actual ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, sea presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, sin rendir concurso como lo establece la Constitución provincial, el bloque Encuentro Amplio Entrerriano demanda al Ejecutivo que, en uso de sus atribuciones, reglamente o impulse el tratamiento del proyecto que está en el Senado para regular “los artículos que modifican la incorporación e integración y la forma de designación de los miembros del Tribunal de Cuentas de la provincia, con el convencimiento de los constituyentes de que el poder político debe tener cada vez menos injerencia en el funcionamiento de los organismos”.

En ese marco, los legisladores argumentaron que “la realización de concursos de oposición y antecedentes para la cobertura de los cargos de secretarios letrados y contables del tribunal, fiscales de cuenta, secretarios de los vocales y los auditores, busca evitar cualquier sospecha en cuanto al abuso discrecional y la injerencia del Ejecutivo en la designación de sus propios controladores”.

Al respecto, destacaron que “la función de contralor de la percepción e inversión de fondos públicos efectuada por todos los funcionarios y administradores, hace a la salud republicana y a la transparencia que denota la división de poderes”, por lo que dedujeron que se está “frente a una obligación como es la reglamentación de la Constitución, para que su puesta en vigencia garantice de la mejor manera el espíritu del precepto constitucional y más aún cuando han pasado seis años desde su sanción, no puede demorarse irrazonablemente”.