El fiscal Ramón Alfonzo habría solicitado la detención de un alto funcionario policial, a quien atribuye haber incurrido en ilegalidades dentro de la investigación sobre supuestos excesos en los cobros de servicios adicionales en la fuerza.

Así trascendió ayer en esferas judiciales, en la investigación iniciada en abril pasado tras detenerse a varios efectivos de la policía, acusados de percibir más dinero que lo que les correspondía, por adicionales en un cementerio y una entidad crediticia.

‘Defraudación calificada en perjuicio del Estado provincial’, son las figuras enrostradas a los efectivos que ya recuperaron la libertad, pero siguen ligados al proceso.

Porcentajes

Meses después, el fiscal habría detectado retenciones injustificadas a policías, cercanas al 10%, cuando la ley las fjia en 5%.

Éstas se situarían en el circuito comprendido entre la Oficina de Seguridad Bancaria y la Oficina del Cuerpo Motorizado y Tránsito, señalaron las fuentes.

No es todo. Según las sospechas, en los últimos años les habrían sido retenidos los mismos altos porcentajes a un número no precisado de policías, sin que muchos realizaran las objeciones correspondientes.

En estos meses, la Justicia dio participación a la División Delitos Económicos, cuyo personal habría estimado que las cifras en cuestión superaban los $ 300.000, detallaron las fuentes.

Ni bien estalló el escándalo, la fiscalía impulsó un proceso con diferentes aristas: por un lado, investiga cobros paralelos de adicionales, con los mismos hombres trabajando en forma simultánea en dos lugares diferentes.

A la vez, también focalizó su retina inquisitiva en funcionarios proclives a retener el doble de porcentajes, aunque todavía no pudo precisarse a cuántos hombres se les habría tomado dinero a contrapelo de la ley