Asimismo, la edil requirió que el Departamento Ejecutivo, haga observar a las empresas concesionarias del servicio público de transporte colectivo el cumplimiento estricto de las obligaciones enunciadas en el Pliego de Bases y condiciones de la Ordenanza Nº 16.789.

Además, Beresiarte le solicitó al Ejecutivo Comuna la adhesión inmediata al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) dispuesto por Decreto Nº 84/09 del Poder Ejecutivo Nacional.

La concejal del FpV fundamentó su proyecto por "la nota nº 16 presentada por los empresarios del transporte público de pasajeros el 13 de enero en la cual solicitaron un aumento en la tarifa del transporte de pasajeros”.

También, la edil se refirió a “los reclamos periódicos en cuanto al deficiente cumplimiento de las obligaciones de calidad en la prestación del servicio por parte de las empresas, que realizan los sujetos de ese derecho es decir, los usuarios”.

En ese sentido, Beresiarte recordó que “oportunamente (años 2005 y 2006) la Municipalidad resolvió otorgar en concesión la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en Gral. Pueyrredon (Ordenanzas n° 17.161; 17.162; 17.163; 17.164; 17.165 y Decreto n° 861/06), entendiendo que de ese modo se resolvería la cuestión de la prestación de ese servicio público y se lograría una mayor eficiencia, calidad y regularidad en beneficio de los usuarios. Ha transcurrido ya un tiempo importante desde aquella adjudicación y de la celebración de los contratos de la misma, ha habido también dos administraciones municipales de distinto signo político y no obstante ello, se comprueba fácticamente que los objetivos enunciados y perseguidos, desde aquel tiempo por la Municipalidad no se han cumplido en modo alguno”.

A su vez, remarcó: “La información del sistema de transporte, provisto por la UTE ‘El Libertador’, comercializadora del sistema prepago de admisión de usuarios, propiedad de las empresas prestatarias del servicio concesionado, a las que no se les practica pruebas de consistencia de los datos originales y/o confronta con otras fuentes de información. no se lleva a cabo en tiempo real el seguimiento y actualización de la información del sistema de transporte, lo cual dificulta el contralor sobre el accionar de las empresas y reduce las posibilidades de detección en tiempo oportuno de las dificultades, faltas, infracciones e incumplimientos producidos”.

“Los sistemas de comercialización y seguimiento satelital no resultan completos, integrados y confiables, toda vez que las bases de datos consultadas contienen falencias y resultan exclusivas del sector concesionario, sin estar bajo el control del poder concedente, funcionando como compartimentos estancos. Por tal razón el poder concedente no cuenta con la tecnología apropiada para ejercer su poder de policía y control, para resguardar los intereses de los usuarios, pues los mismos resultan inseguros e inadecuados”, añadió.

En ese sentido, destacó: “Todo ello lleva situaciones críticas en la citada prestación, como la acaecida en días recientes donde por una parte se presiona por un aumento de la tarifa y por otra se interpone el pedido remanido de máquinas monederas, olvidando que el manejo de dinero a bordo de las unidades en noviembre del año 2005 costó la vida del chofer Ángel Martínez y que motivó un clamor popular para eliminar el manejo de dinero a bordo”.

Y subrayó que “estamos convencidos, como en otros temas que hacen al desarrollo y crecimiento de nuestro Partido de Gral. Pueyrredon debemos trabajar de modo coordinado con las políticas que fija y lleva adelante el Gobierno Nacional en materia de transporte público de pasajeros, al cual el Estado Nacional contribuyó con subsidios en 2010 por un total de $ 70.457.972,50 un 48,07 % más que el año anterior para todas las líneas de colectivos que prestan servicio en nuestra jurisdicción, además las empresas concesionarias tienen autorizado un cupo de gasoil a precio diferencial. Los transportistas pagan alrededor de 50 centavos por cada litro de combustible que en el mercado está a alrededor de 3,20 pesos. La diferencia la compensa el Estado Nacional con las petroleras”.

“Ante la situación descripta, entendemos que ha llegado el momento en que la Municipalidad ponga punto final a esta situación y en el marco de la normativa vigente asuma en plenitud sus facultades como poder concedente, normalizando el sistema mediante la adopción de medidas extraordinarias que regularicen el sistema de control, den certeza a la información y permitan la aplicación en plenitud de las obligaciones y derechos que se compadecen con una adecuada y correcta prestación de un servicio público esencial como lo es el transporte colectivo de pasajeros”, finalizó la concejal kirchnerista.