Piden que se cree el Censo y Registro Provincial de ex presos políticos

La subsecretaria de Derechos Humanos, Gladis Cofré, requirió al parlamento que “se apruebe lo antes posible la ley por la cual se crea el Censo y Registro Provincial de ex presos políticos”, en el ámbito del "Archivo Provincial de la Memoria". Al respecto afirmó que “este trabajo lo venimos realizado, pero sería muy importante que se canalice a través de una ley”.
En el marco de este tema, Cofré anunció que “el 19 de mayo vamos a recibir en La Casona de la Memoria Eduardo ‘Bachi’ Chironi a Roberto Regalado, director nacional del Registro Nacional de ex Detenidos Políticos; una actividad más que importante y nos gustaría en ese momento tener la ley en manos”.

“La Asociación de ex Presos Políticos nos ha presentado una nota hace pocos días para ver en qué estado estaba a la ley, con lo cual se la hemos enviado a sus autores”, manifestó la secretaria de Derechos Humanos.

Al consultársele si esta ley sirve para que el Estado pueda instrumentar reparaciones o indemnizaciones a las víctimas por los años de cárcel, la funcionaria dijo que “sí, hay otra ley que está en la Cámara de Diputados que aborda el tema de las reparaciones; este registro, que también nos pide la Nación, sirve para el momento en que se apruebe la ley”.

Este registro y censo es de carácter voluntario y comprende a ex presos políticos del período comprendido entre el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 hasta el 10 de septiembre de 1983, vivos o fallecidos, con residencia en la provincia de Río Negro, no menor a un año de la entrada en vigencia de la presente o al momento del fallecimiento, en su caso.

Los autores de la iniciativa son los legisladores Daniel Sartor y Adrián Torres, mientras que en la elaboración se contó con el aporte de la Subsecretaría.

Por último, vale la pena remarcar que los censados son todas aquellas personas, cualquiera sea su nacionalidad, que hubieran permanecido en prisiones legales o clandestinas de cualquier tipo, incluyendo los centros clandestinos de detención, tortura o exterminio, o sometidas a Justicia Penal federal o provincial, o a tribunales militares, o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por razones ideológicas, políticas, sociales, gremiales o religiosas, cualquiera sea la imputación que se les hubiese formulado.

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