En el texto, Felices explicó que “el 9 de abril de 2010 se recibió en esta Defensoría del Pueblo un oficio de la Unidad Funcional Nº9 de Delitos Económicos, por el cual Eduardo Amavet dispone desestimar las actuaciones por no constituir delito los hechos puestos en conocimiento de ese Ministerio Público Fiscal, basándose también en que considera el Fuero Penal, como última ratio”.

Felices hace referencia a una denuncia penal presentada por posibles irregularidades en el cálculo del costo del boleto del transporte público local. La presentación inicial la realizaron dos vecinos en la Defensoría del Pueblo.

“De lo actuado por el agente fiscal, el que llega a la conclusión de no considerar la existencia de un delito, cuando, según la cronología de lo actuado, demuestra que ni siquiera se hizo el análisis o auditoria que pruebe o compruebe lo denunciado. Amavet plantea que las cuestiones expuestas por los denunciantes, deben ser presentadas por ante el fuero especializado en materia de contencioso administrativo”, añadió la funcionaria.

El 12 de mayo de 2011, uno de los denunciantes interpuso una nota manifestando que le resultaba “imposible” afrontar el gasto económico que significa presentarse en el fuero administrativo y sugirió que la Defensoría del Pueblo se presente ante la Justicia.

Ante tal situación, Felices le elevó una nota al presidente del Concejo Deliberante Ariel Ciano solicitándole “alternativas para presentarse al fuero contencioso administrativo, para lo cual se necesita patrocinio letrado”.

“Nunca obtuve respuesta sobre el planteamiento realizado”, explicó la Defensora del Pueblo. “Considero que el cuerpo necesita contar con los profesionales, a fin de poder evacuar las consultas dentro del propio Departamento Deliberativo, y no tener que evitar las consultas a la Procuración, asesor del Departamento Ejecutivo para que este las realice a título de colaboración”.