Legisladores rionegrinos quieren que el IPPV destine un cupo del 5% de las viviendas de cada uno de los planes que lleve a cabo en la provincia a mujeres jefas de familia, con hijos menores de 18 años o discapacitados a su cargo, que hayan quedado sin hogar como consecuencia de haber denunciado ser víctimas de violencia doméstica.

Esta iniciativa fue presentada originalmente en el 2014 por las legisladoras Silvia Horne, Susana Dieguez y María Gemignani, y contó con dictamen favorable por parte de la Comisión de Asuntos Sociales. Sin embargo, el tiempo pasó y terminó perdiendo estado parlamentario, motivo por el que ahora los cipoleños Marcelo Mango y Carina Pita lo volvieron a presentar.

Los legisladores del Frente para la Victoria sostuvieron que la provincia de Río Negro presenta un contexto social donde el déficit habitacional resulta acuciante y a ello se suma la creciente violencia de género.

"La violencia contra las mujeres es un hecho reconocido como un problema social. Los actos de violencia se producen en la familia, en la comunidad y en el Estado. Estos actos presentan numerosas facetas, desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato", explican en el proyecto.

Las mujeres en situación de violencia ven sus vínculos sociales restringidos por el maltratador, que lo primero que busca impedir es el trabajo fuera de la casa. El segundo obstáculo es la vivienda. Al no poseer trabajo, la mujer no puede irse de la casa por no contar con los recursos económicos necesarios.Por ello, Mango y Pita quieren que el IPPV destine el cupo hoy reservado a familias de bajos recursos o discapacitados a las víctimas de violencia.