El Colegio de Abogados le pidió a la Corte Suprema de Justicia que modifique el sistema de selección en caso de empate entre dos o más aspirantes a ayudante judicial, que concursarán por 405 vacantes. La entidad llegó incluso a proponer un orden de valoración de distintos aspectos de cada candidato, que colisiona con los criterios expresados en acordadas por el máximo tribunal para la selección.

Hasta el momento, según la reglamentación vigente, en caso de paridad se prefería al postulante de mayor edad. Esta disposición fue cuestionada por tres inscriptos (José Hernán Gómez Soria, Augusto César de Gregorio y Julio Alfredo Octavio Barbaglia Navarro) ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo por inconstitucional y discriminatoria. Este aspecto que fue rechazado desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en la presentación efectuada por uno de esos inscriptos. La causa judicial, en tanto, todavía se encuentra en los primeros pasos del trámite (aún no se notificó a la Corte), a cargo de los jueces Ebe López Piossek y Salvador Ruiz. Todo se debe reactivar después de la feria judicial de este mes.

Las pautas

El colegio profesional señaló su satisfacción por la realización de concursos para cubrir vacantes en el área de los empleados de tribunales, pero criticó la acordada 1.029 en el punto referido a los empates, al considerar que debería privilegiarse al inscripto que tenga mayor idoneidad. "Habría que priorizar los antecedentes técnicos jurídicos de los postulantes. Así se daría cumplimiento al mandato constitucional y legal establecido en el artículo 13, inciso dos, de la Ley Orgánica de Tribunales, que exige la idoneidad como requisito para acceder a los cargos públicos. Entendemos que el nuevo sistema de ingreso al Poder Judicial se puede ir perfeccionando tendiendo a la profesionalización del servicio de justicia, el cual redundaría en beneficio por su eficacia", afirmaron el secretario de la institución, Jorge Contrera, y la presidenta interina, Stella Maris Moreno Perea.

Acerca de la valoración puntual sugerida por la entidad, en el primer lugar figura el tener título universitario de abogado, seguido de haber concluido carreras de posgrado relacionadas con el Derecho. El tercer escalón lo ocupa la carga de familia de cada postulante, para luego evaluar el promedio universitario obtenido como estudiante de abogacía. Recién en el quinto peldaño aparecen quienes hayan completado una carrera universitaria distinta a la de abogado. Por último, sugieren considerar el promedio de los estudios secundarios.

Igualdad de condiciones

Estos criterios colisionan con la filosofía de la Corte, que defiende la posibilidad de que cualquier persona pueda llegar a la función pública como ayudante judicial tras superar una serie de pruebas, en igualdad de condiciones objetivas entre estudiantes o egresados del Derecho, de otras profesiones o sin título superior.

De hecho, entre los requisitos de formación exigidos para anotarse, sólo figura acreditar el tener secundario completo. No se pide ni se acepta una síntesis de los antecedentes o el currículun vitae. Por este motivo, y como las inscripciones ya cerraron, no se podría acceder al pedido de la entidad profesional de evaluarlos. El resto de las exigencias formales son ser mayor de edad, vivir en la jurisdicción para la que compite, presentar certificado de buena conducta y aprobar los exámenes previstos, que incluyen conocimientos jurídicos básicos.