El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), la misma organización que el año pasado consiguió que la Corte fallara a favor de la realización de audiencias públicas, consideró “inconstitucional” el nuevo aumento en la tarifa de gas y realizó una presentación judicial para frenar el incremento.

En diálogo con Info Región, el abogado de la ONG Mariano Lovelli justificó la acción al recalcar que “los números no corresponden con los valores que YPF presentó en la Comisión de Valores de Estados Unidos, donde informó que su costo de producción del gas en boca de pozo era de dos dólares”, lejos de los 6,80 fijados por el Ministerio para los usuarios.

Audiencias. Lovelli también evaluó que "los argumentos utilizados para el aumento de tarifas no se sostienen lógicamente ni recogieron toda la riqueza vertida en las audiencias públicas que el ministro debió convocar después del fallo de la Corte Suprema" del año pasado.

“Lo que se dijo ahí no se tomó en cuenta y están estableciendo medidas que no se condicen con eso”, concluyó.