Se trata de un dictamen presentado ante la Cámara de Casación en el que se pide seguir investigando a D'Elía por los hechos de violencia ocurridos, ya que el acusado fue sobreseído por prescripción de la acción penal.

"El poder público no puede dejar de sancionar a los funcionarios que se apropian del aura de legitimidad que protege la expresión 'protesta social' para satisfacer intereses particulares ni a los que, funcionales a su accionar delictivo, desobedecen las órdenes judiciales de restablecer el orden quebrado por el ilícito", dice el dictamen al que tuvo acceso Infobae.com.

También sostuvo que "no se busca "criminalizar la protesta sino que hasta aquellos autores mejor predispuestos a la tolerancia a ultranza de las consecuencias de la protesta social en las sociedades contemporáneas se vean obligados a reconocer los inevitables límites del fenómeno".

"Los hechos que se encuestan en este legajo no tienen nada que ver con la protesta social"… "aquí no hay trabajadores que reclaman salarios impagos, huelguistas que reivindican mejores condiciones laborales, cesantes que exigen reincorporación, contribuyentes que demandan por la deficiencia de un servicio público o vecinos que reprueban una instalación contaminante", agregó.

Luego se refiere a la "salvaje agresión" por parte de quienes estaban en las mejores condiciones de aportar factores de convicción a las autoridades legítimas que debían investigar el homicidio de Cisneros (el dirigente social),ocurrido antes de la toma de la comisaría 24a.

D'Elía fue definitivamente sobreseído cuando la Sala I de la Cámara Federal declaró la prescripción de la investigación.