Piccinini repartió críticas al presentar su informe anual

La defensora del Pueblo objetó a la Justicia por lo que entiende un "operativo cerrojo" para obstaculizar el avance de sus investigaciones. Creció el número de reclamos de la gente.
VIEDMA (AV)- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, insistió con sus críticas al Poder Judicial, por lo que consideró un "operativo cerrojo" para obstaculizar el avance de sus investigaciones sobre distintos actos de gobierno. Los cuestionamientos fueron volcados en la presentación de su informe anual a la Legislatura, en el cual manifestó que "algunos pronunciamientos judiciales nos han reconocido la Legitimación Activa para actuar. Otros, ya en forma sistemática, sin una línea coherente de razonamiento, la han desconocido y se encuentran en las instancias de impugnación correspondientes".

Afirmó además que "muchos requerimientos de los ciudadanos de la Provincia, fueron atendidos a través de un trámite sencillo e informal como es la gestión personalizada, permitiendo evacuar consultas de manera rápida y brindar orientación adecuada".

Sostuvo que "las intervenciones reflejan el desarrollo de un accionar perfectamente ajustado a Derecho, inobjetable desde la legalidad" y aseguró que "la imagen de la Defensoría del Pueblo ha crecido en credibilidad y confianza".

En la presentación informó que "por primera vez en la historia de la Defensoría del Pueblo, la ciudad de Viedma no encabeza el número de reclamos, correspondiendo ello a las ciudades de General Roca y Bariloche y por otra parte se incrementó sensiblemente el número de actuaciones en trámite".

Piccinini indicó que "la presencia del organismo en las distintas regiones rionegrinas, las permanentes anomalías en el accionar de los organismos de gobierno y los hechos de corrupción que resultan de público y notorio, dan como resultado que los ciudadanos demanden con asiduidad la intervención de la Defensoría del Pueblo, que desde el 01 de noviembre del 2009 al 31 de octubre de 2010, registró la mayor cantidad de denuncias o quejas presentadas (2.455 actuaciones administrativas)". Afirmó que "la obstrucción o el entorpecimiento de las investigaciones en curso, colocan a los funcionarios responsables al borde de la ilegalidad. Es por ello que muchos de ellos, incluido el gobernador han sido denunciados".

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