La legisladora Ana Piccinini denunció ayer que el gobierno provincial está realizando tareas de "espionaje" y "seguimiento" hacia distintos dirigentes de la oposición, a partir de la contratación de un exefectivo de la Policía bonaerense, que está cumpliendo funciones en el Ministerio de Seguridad y Justicia.

La dirigente reclamó al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, una reunión con carácter de "urgente" ya que a su entender se trata de una "cuestión de Estado".

El magistrado recién la recibirá la próxima semana.

Piccinini no ocultó su preocupación ya que la información que tiene en su poder involucra a un actual funcionario del Ministerio de Seguridad y Justicia, quien organizó un esquema para "vigilar e investigar" a los dirigentes de la oposición.

"Yo tengo esta información y ya la chequeamos. Es una persona que fue designada en el Ministerio de Seguridad y Justicia", denunció la exdefensora del Pueblo de la provincia.

También aclaró que ya tendría "licencia" para tener trato institucional con distintos organismos del Estado, incluidos los que dependen del Poder Judicial.

"Es un expolicía de la bonaerense y no hay segundas ni terceras líneas entre los funcionarios rionegrinos que lo conozcan. Quiero saber a qué nivel está interactuando esta persona con otros organismos del Estado", dijo Piccinini.

La diputada provincial aclaró que se trata de un plan sistemático para "vigilar y espiar" a los dirigentes de la oposición.

"Con la urgencia que esto requiere traté de ubicarlo al presidente del STJ, Sergio Barotto, pero recién me va a recibir el martes de la semana que viene", dijo la legisladora, quien se mostró indignada por la respuesta del magistrado.

"Creo que estamos yendo para atrás. Hay mucha precariedad institucional", se quejó la referente del flamante bloque legislativo Acción y Transparencia.

Contra Bustamante

Con respecto a la resolución del juez Guillermo Bustamante quien dictó el sobreseimiento de los exjueces del STJ, Luis Lutz y Alberto Balladini, en la causa por el pago de más de 800 mil pesos en compensación de ferias no gozadas, aclaró que los magistrados deberían devolver el dinero. También cargó contra el juez de Viedma y recordó que fue promovido como camarista por el dirigente radical Daniel Sartor.